El proyecto del concejal Horacio Taccone contempla autos y motos que luego de seis meses no son reclamados por su titulares. Permitiría al Municipio hacerse de unidades que sean de utilidad y generar ingresos. El dinero recaudado se destinará a erradicar la tracción a sangre, la Dirección de Tránsito y campañas de seguridad vial.
Una importante cantidad de los vehículos -autos y motos- secuestrados en distintos procedimientos quedan abandonados en los “colapsados” playones municipales sin que sus dueños los reclamen. Para las unidades que lleven más de seis meses incautadas, el concejal Horacio Taccone (Acción Marplatense) propuso esta semana la implementación de un sistema de subastas.
Semanas atrás, la concejala Virginia Sívori (Frente de Todos) presentó un proyecto para que el municipio fije un tope económico para el retiro de motos y autos de los playones de secuestro. Tiempo atrás, el Concejo convalidó un proyecto de ordenanza del Ejecutivo para hacer uso de los vehículos secuestrados durante la emergencia sanitaria. Ahora, con el objetivo de aportar soluciones al mismo problema, Taccone impulsa un sistema de subastas.
Considerando la importancia de encontrar “soluciones prácticas” y “jurídicamente viables” para mejorar la operatoria de los espacios destinados al secuestro de autos y motos, el edil de AM elevó un proyecto para que el Ejecutivo pueda liquidar, mediante una subasta, todos los vehículos -o parte de ellos- secuestrados y depositados por un período mayor a seis meses sin que hayan sido reclamados por personas que acrediten la titularidad o derechos sobre los mismos.
Taccone planteó que los procesos de compactación y/o subasta de vehículos retenidos “permiten descomprimir playas de secuestros”, pero advirtió que “la acumulación de vehículos excede la capacidad de los predios y trae consecuencias preocupantes y de peligro de contaminación medioambiental”.
Su proyecto contempla la instrumentación y regulación de un nuevo marco normativo que determina el mecanismo para la subasta pública de los vehículos retenidos en corralones municipales por contravenciones a las leyes de tránsito o que se encuentren en estado de abandono.
La ordenanza habilita al Municipio a ejecutar la venta de un vehículo a través de remates públicos si tras un término de seis meses desde el último aviso no se presenta el titular a retirarlo.
Asimismo, la norma posibilita que el Ejecutivo disponga de los vehículos aptos para la circulación en la vía pública para utilizarlos en diferentes reparticiones públicas municipales.
Foto archivo.
El concejal de AM alertó que “el colapso de los predios” y la gran acumulación de vehículos en custodia “ocasiona un verdadero problema para la Municipalidad” debido a la “excesiva necesidad de espacio físico, recursos humanos para la custodia del predio y deterioro de los rodados”, entre otras complicaciones.
La propuesta, indicó, permitiría al Municipio no solo resolver problemas operativos sino también incorporar ingresos genuinos a sus arcas para potenciar los servicios.
Las subastas serán públicas, al contado y estarán a cargo de un martillero matriculado. Para su designación, se propone la firma de un convenio entre el Municipio y el Colegio de Martilleros.
Lo recaudado, establece el proyecto, se destinará en un 50% a la adquisición de vehículos de carga para promover la erradicación de la tracción a sangre en el Partido de General Pueyrredon; el 40% a la Dirección de Tránsito para adquirir vehículos y materiales; y el 10% restante para campañas o políticas de seguridad vial.
En cuanto a los vehículos, el proyecto aclara que será requisito indispensable solicitar los antecedentes dominiales e informes de pedidos de secuestro a las autoridades que correspondan.
De poder determinarse la titularidad del vehículo, el dueño será notificado de la situación de la unidad y su afectación al procedimiento liquidatario, y se lo emplazará para que en el término de 15 días se presente a hacer valer sus derechos bajo apercibimiento de llevar adelante los procesos de afectación, subasta o compactación.
En caso de que el vehículo no esté apto para rodar, se deberá proceder al compactado del mismo o emplear otro método de disposición “de un modo simple y expeditivo”.
Tras la subasta, el vehículo quedaría irrevocablemente perdido para el dueño.