La Justicia Federal prorrogó la prisión preventiva de los cuatro integrantes del estudio jurídico Organización Previsional SRL acusados de ser los líderes de una organización que estafó al Estado Nacional al tramitar unas 400 jubilaciones por discapacidad de manera irregular por un monto cercano a los 100.000.000 de pesos.

En el marco de la “Megacausa ANSES”, el juez federal Santiago Inchausti resolvió extender las prisiones preventivas de Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez, quienes se encontraban detenidos pero bajo prisión domiciliaria.

Diez Suárez y Balbuena se encontraban con prisión domiciliaria por problemas de saluda desde el año pasado, antes de que el coronavirus fuera noticia y pandemia. En los casos de Iros y Cagni, el juez siempre había considerado que existía riesgo procesal si los liberaban, pero sus detenciones en penales federales fueron morigeradas al ser considerados parte del “grupo de riesgo“.

El juez Inchausti entendió que Iros, al tener más de 60 años y problemas de salud lo ubicaba en grupo de alto riesgo por el coronavirus, por lo que había aceptado el pedido de la defensa de otorgarle la prisión domiciliaria. Sin embargo, en el caso de Cagni, el juez federal había rechazado ese planteo, pero finalmente a la prisión domiciliaria se la concedió la Cámara.

Los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL –Balbuena, Cagni, Iros y Diez Suárez-, en la investigación del fiscal Nicolás Czizik son acusados de ser los líderes de la asociación ilícita que, para estafar al Estado, incluyó a médicos, abogados, gestores y empleados de ANSES.

Si bien se encuentran con prisión domiciliaria, todos fueron embargados por 20.000.000 de pesos y están procesados por los delitos de “defraudación contra la administración pública reiterado en 86 ocasiones”,  coautores del delito de tentativa de defraudación contra la administración pública reiterado en 246 ocasiones, coautores del delito de alteración dolosa de registros y coautores de cohecho.

Esta organización criminal estaría integrada por una gran cantidad de personas -hay más de 30 imputados- y actuaría al menos desde el año 2006, con vínculos dentro de organismos del estado (ANSES). Si bien para los investigadores, que los acusados recuperaran la libertad podría entorpecer la causa, obstruyendo prueba que aún falta recolectar o, incluso, dar aviso a personas que podrían estar siendo investigadas u otras que puedan surgir con el devenir de la investigación, la Justicia tuvo que priorizar la causa humanitaria y el riesgo por la pandemia.

En la causa se investiga a una organización criminal que llevaba a cabo diferentes tipos de maniobras defraudatorias con el objeto de obtener beneficios previsionales ilegítimos, en su mayoría retiros por invalidez, en perjuicio de la ANSES. En ese sentido, una de las maniobras detectada consistía en la captación de empleadores falsos o sin actividad comercial activa a los efectos de generar una simulación ilícita de vínculos laborales con supuestos empleados, que a la postre resultaron ser los beneficiarios, con el objeto de fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios.

Luego esa relación laboral simulada era denunciada ante las autoridades de la ANSES con el fin de obtener un beneficio previsional. Asimismo se falsificaban los dictámenes médicos, haciendo figurar un grado de incapacidad laboral mayor al requerido por ley para la obtención de un beneficio previsional.