No es nuevo. Ya lo vivimos. Cuando los poderosos no pueden ganar en las urnas, intentan ganar en el partido judicial. Cuando el peronismo representa una amenaza real a sus privilegios, aparece la proscripción. Cuando una mujer se planta frente al poder económico y mediático, buscan silenciarla.

La condena a Cristina Fernández de Kirchner no es un hecho jurídico: es un hecho político. Una maniobra antidemocrática que pretende prohibirle a millones de argentinos y argentinas la posibilidad de elegir a quien los representa. La proscriben porque no pueden vencerla. La condenan porque saben que puede volver.

Lo que hoy hacen con Cristina puede repetirse mañana con cualquier dirigente o fuerza política que incomode al poder. Cuando la Justicia deja de actuar con imparcialidad y se convierte en instrumento de persecución, no solo se vulneran derechos individuales, se debilita el pacto democrático que sostiene a toda la sociedad.

Si el voto puede ser condicionado por fallos sin fundamentos, ninguna democracia está a salvo. Defender el derecho de Cristina a participar no es solo una causa peronista: es una defensa del sistema democrático en su conjunto.

El Partido Justicialista enfrentó proscripciones, dictaduras, fusilamientos, desapariciones y bombardeos. No será esta la primera vez que nos quieran arrodillar.

No se trata solo de Cristina. Se trata de la democracia. Del voto. De la soberanía popular. Se trata del proyecto colectivo que encarna justicia social, independencia económica y soberanía política.

Cristina es inocente. Entonces, esta condena es injusta.

Bloque de Concejales de Unión por la Patria