El subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, el marplatense José Luis Zerillo, afirmó que el Gobierno bonaerense “está cumpliendo” con el nuevo Régimen Penal Juvenil, pero advirtió que el “gran desafío” es abordar las condiciones de la privación de la libertad para que los menores “salgan con mejores herramientas que las que tenían cuando ingresaron”.

Zerillo recordó en diálogo con LA CAPITAL que la ley de baja de imputabilidad “se votó en el verano“, en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, “a las apuradas“, por lo que tiene “deficiencias legislativas” e “intervenciones inconducentes hacia el sistema provincial y las competencias de las provincias”.

Señaló que la norma otorgó “un plazo irrazonable de 180 días” para su entrada en vigencia. “Con esta ley se duplica la población comprendida en el régimen: si antes teníamos jóvenes de 16 y 17 años, ahora estamos sumando los de 14 y 15. Y les dieron a las provincias 180 días para que dupliquen su capacidad de recepción”, indicó.

Zerillo recordó que “el Gobierno nacional nunca habló con la Provincia de Buenos Aires, no la convocó, no la hizo partícipe, no le preguntó cuáles eran sus problemas“, cuando es una provincia que “tiene casi el 40% de la población del país y el 63% de los chicos prisionizados”. En ese marco, apuntó que “era relevante tener un diálogo institucional de Estado a Estado”.

Ejemplificó que Chile bajó dos años la edad de punibilidad y se tomó “un año y medio” para implementarla. “Esa experiencia ocurrió hace unos años acá al lado. Hay procesos que uno podría mirar. Si hay seriedad, responsabilidad en los actos de gobierno, hay experiencias que se podrían analizar”, recomendó.

“Discusión central”

La “discusión central”, según Zerillo, es “en qué condiciones se van a llevar a cabo esas medidas de privación de la libertad” establecidas por esa ley “sacada a las corridas”.

“Ese es un desafío enorme que nosotros como provincia y el gobernador no está dispuesto a renunciar. No estamos dispuestos a renunciar a las medidas de cumplimiento de la privación de la libertad para que un pibe de 14 años salga en muchas mejores condiciones o con mejores herramientas que las que tenía cuando ingresó. Si nosotros a ese chico, a esa juventud, la hacinamos, la ponemos en lugares de marginalidad, de violencia entre pares e institucional, cuando obtenga la libertad a los dos o tres años la va a obtener en peores condiciones de cuando ingresó. Va a haber pasado incluso por un posgrado delictivo”, alertó.

“El gran desafío de un sistema como el nuestro es dar las medidas de capacitación, de terminalidad educativa, los procesos de adaptación, talleres, recreación con acompañamiento de salud mental. Tenemos que lograr que ese joven, si estaba en situación de consumo, pueda salir, terminar la escuela secundaria, aprender un oficio“, agregó.

A su entender, la ley “no lo previó”. Pero aclaró: “No estamos discutiendo una ley que ya está votada, sino las condiciones para que esa ley se cumpla en términos de perspectiva de dignidad y derecho. De darle al joven mejores condiciones para el cumplimiento y a la sociedad le devuelva un joven que transitó en mejores circunstancias que la de un encierro común, simple y cotidiano, que en definitiva reproduce más violencia que la que vino a resolver”.

José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia.

El subsecretario recordó que el lunes el Gobierno nacional dictó un decreto para “reglamentar una serie de cuestiones sobre un sistema que no gobierna” porque “son los Estados provinciales los que tienen la responsabilidad de llevar adelante su sistema de responsabilidad penal juvenil“. Y graficó: “El Gobierno adolece de la adolescencia que hoy quiere penalizar, porque realmente se comporta como un adolescente que no tiene problemas porque nada depende de él”.

En ese sentido, cuestionó la partida presupuestaria de $ 23 mil millones que aportará el Gobierno nacional para financiar el nuevo régimen. “La plata no va a ir a ninguna provincia. El Gobierno definió que era para el propio sistema federal”, diferenció.

Obras

Zerillo aseguró que la Provincia avanza en un “ambicioso plan de obras” para dotar al sistema de mayor capacidad de recepción. “Estamos construyendo un predio en la localidad de Abasto, partido de La Plata. Es la obra más grande que se haya construido desde que existe el sistema de responsabilidad penal juvenil. El gobernador ya inauguró el primer módulo. Falta que nos entreguen cuatro módulos más de alojamiento, pero además tiene su módulo de enfermería, escuela, cancha”, enumeró. Y apuntó: “Estamos reciclando edificios históricos del sistema que estaban muy deteriorados. Nos los van a entregar en enero y en febrero”.

Sostuvo que mientras la Provincia trabaja en estas obras, hay “una mirada muy despreocupada” de quienes se abrazan a una cuestión muy ficticia: como la norma está puesta en un papel, pareciera ser que es de mágico cumplimiento”. A su criterio, es de “una irresponsabilidad muy grande” pensar que eso puede ocurrir “sin presupuesto, planificación y diálogo institucional”.

El fallo y las interpretaciones

Zerillo subrayó que “la Provincia está cumpliendo hoy con la ley”, y puntualizó: “El domingo recibimos un joven de 14 años que está privado de su libertad por una figura punible, por un juez que así lo resolvió, que entendió que no se lo impedía el fallo de la doctora de Lomas de Zamora (Marta Pascual).

Ese fallo que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil es, según Zerillo, interpretado de diverso modo por magistrados y funcionarios judiciales.

“Hay un debate abierto en el Poder Judicial. Algunos magistrados están tomando decisiones considerando que la ley se encuentra vigente, que el cumplimiento del fallo no les resulta obligatorio por falta de jurisdicción y competencia, y otros estarán esperando a las resultas del proceso del plazo de 60 días que estableció la doctora Pascual, en una audiencia a la que nos ha convocado y que vamos a llevar todo el trabajo que venimos desarrollando”, adelantó.