Por Ramiro Melucci

El oficialismo vernáculo pasó en un mes del silencio y la prudencia a la ofensiva por la inseguridad. Del perfil bajo tras los tres homicidios en menos de 24 horas a la embestida contra jueces y dirigentes opositores.

Dos hechos empujaron al PRO y a La Libertad Avanza a pasar al ataque: los avatares de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y el episodio en que un delincuente fue abatido por un policía en el barrio Belisario Roldán.

Cuesta comprender que una ley aprobada por mayoría en el Congreso de la Nación pueda ser puesta en duda por una decisión judicial. Guste o no, fue la determinación que tomaron los representantes de una ciudadanía hastiada por la inseguridad. Puede discutirse si se trata de una decisión acertada para encauzar el asunto, lo que debería estar fuera de todo cuestionamiento es la definición legislativa que se tomó en un marco democrático: entre otros puntos, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Los libertarios primerearon con el anuncio de que pedirán el juicio político a la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen (lo que todavía no impidió que en Mar del Plata y en otros distritos se siga aplicando). Guillermo Montenegro, callado desde que el gobierno de Javier Milei no le entregó el Ministerio que pretendía, se despachó con una denuncia contra la jueza. Busca su remoción e inhabilitación.

En Mar del Plata la controversia había comenzado antes, con críticas de dirigentes libertarios y cercanos al intendente Agustín Neme a la forma en que comenzó a aplicarse la norma. “Si los jueces tuvieran que revalidar cada cuatro años su cargo como hacemos los políticos no queda ninguno”, resumió en un tuit la senadora Cecilia Martínez (LLA).

Hay otros aspectos que, de todos modos, no pueden desconocerse. La ley otorgó seis meses para que el sistema judicial, las provincias y las instituciones adaptaran sus estructuras para la aplicación de los cambios. El Gobierno bonaerense, a través del subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, el marplatense José Luis Zerillo, consideró que el plazo fue insuficiente y que todavía no están dadas las condiciones estructurales y presupuestarias para que el sistema atienda la mayor demanda. En el fuero local también advirtieron sobre cuestiones operativas que deben resolverse. “No se hizo ninguna reforma edilicia”, alertó el Consejo de Niñez.

No hay dudas de que la ley debe cumplirse; tampoco de que se necesita presupuesto e infraestructura para que la implementación sea efectiva.

El debate encuentra al gobierno municipal en el momento de mejor convivencia con el Ministerio de Seguridad bonaerense desde que Neme reemplazó a Montenegro. El jefe comunal destaca los operativos conjuntos de la Patrulla Municipal u otras reparticiones municipales con el personal de policía provincial. Su principal defensor, Emiliano Giri, traza ahora una distinción política: dice que el vínculo mejoró desde que no está en la coordinación Gastón Herrera, hombre de Gustavo Pulti. Curioso: no es lo que sostenían los cuadros técnicos de la comuna apenas el Ministerio de Seguridad lo desplazó. Más bien lamentaban la decisión inconsulta sobre “un nexo que funcionaba”.

Se aprecia la determinación de mantener a Pulti como rival. Lo había elegido Neme cuando inauguró las sesiones ordinarias del Concejo, en marzo. Desde entonces, con mayor o menor intensidad, el discurso oficial lo mantuvo como blanco predilecto. Le adjudica movilizar a un sector de los vecinalistas contra el gobierno local. De allí los cuestionamientos que en la última sesión del Concejo lanzó el presidente del bloque del PRO, Julián Bussetti, a algunas sociedades de fomento.

Quiero ser muy claro: nuestro respaldo es para los policías que cumplen con su deber, respetan la ley y arriesgan su vida todos los días para cuidar a nuestros vecinos.

Hoy, durante una persecución, un efectivo se encontró frente a un delincuente armado que, según las… pic.twitter.com/o3K7dZ2d5u

— Agustin Neme (@agustin_neme) September 9, 2026

El otro hecho que sacudió la semana ocurrió el miércoles a la tarde, cuando un policía mató a un delincuente que intentaba escapar por los techos de una vivienda en el barrio Belisario Roldán. Neme respaldó de inmediato al efectivo de la policía provincial. “Hay que declararlo ciudadano ilustre”, le sugirió Giri al presidente del Concejo Deliberante, el libertario Emiliano Recalt.

Con menos estridencia, el Ministerio de Seguridad bonaerense también destacó “el compromiso de los efectivos policiales que estuvieron atentos y no tuvieron miedo de actuar”. Después llegaron los resultados de la autopsia: el disparo mortal ingresó por la nuca, lo que podría complicar al policía. La Justicia analiza si el uso del arma reglamentaria se ajustó al protocolo de intervención policial y si existió una situación de absoluta legalidad.

Al margen del episodio puntual, funcionarios provinciales y municipales coinciden en otro punto: desde que la seguidilla de crímenes resonantes encendió el reclamo de mayor seguridad, en las calles se ve una mayor presencia policial. Al refuerzo de los efectivos provinciales también se sumaron en las últimas semanas 30 miembros de fuerzas federales. El número todavía está lejos del que se había gestionado con el Ministerio de Seguridad Nacional: entre 150 y 200. “En los próximos días van a seguir llegando”, prometen en la comuna.

No hay más señales públicas de trabajo conjunto del Municipio y la Provincia. La necesidad de reactivar obras públicas frenadas por falta de financiamiento nacional, que alguna vez juntó en una misma mesa a Neme y al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, no entregó nuevos episodios. La segunda etapa del Acueducto Oeste dio signos de reactivación, pero en virtud de un acuerdo de Obras Sanitarias y la contratista Coarco para la culminación de una parte de la obra. De la pavimentación del Corredor Ghandi (se había proyectado un convenio de financiamiento con la Provincia) no hubo más novedades. De la finalización de la segunda etapa del colector Marcos Sastre tampoco.

 Neme respaldó de inmediato al efectivo de la policía provincial. “Hay que declararlo ciudadano ilustre”, le sugirió Giri al presidente del Concejo Deliberante, el libertario Emiliano Recalt.

Sobre Punta Mogotes parecía emerger un acuerdo. Las reuniones de conciliación convocadas por el juez Simón Isacch lo hacían presuponer. Pero fue un espejismo. El Municipio consideró que su pedido de cautelar para que la Provincia no tomara ninguna decisión sobre el complejo perdió “utilidad práctica” porque el Consejo de Administración de la Administración Punta Mogotes (APM) –conformada por dos representantes provinciales y uno municipal– resolvió avanzar en la extensión de los contratos hasta el 30 de junio de 2027 o hasta que se concesionen las unidades en un proceso licitatorio.

La comuna consideró que esa decisión “unilateral” vació de contenido la cautelar solicitada. Pero la definición de la APM –que buscó garantizar los servicios para la temporada– todavía debe ser refrendada por la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado. Un detalle: la administración del complejo ya había votado en junio una prórroga de las concesiones hasta el 30 de abril, pero la Asesoría de Gobierno no la convalidó porque se estaba tramitando la causa judicial. ¿Por qué ahora el Municipio consideró que la cautelar perdió “utilidad práctica” si la prórroga no completó el circuito administrativo y el antecedente inmediato no lo concluyó nunca? Parecería, en rigor, un argumento para desistir de la cautelar antes de que fuera denegada por el juez. El anticipo de una derrota.

Ahora, todo lo que la Provincia anunció que iba a hacer sigue en pie. Realizó el concurso de ideas, avanza con la prórroga de las concesiones y planifica un llamado a licitación y la posterior adjudicación de los balnearios. Espera que las obras de remodelación se ejecuten entre 2027 y 2028. Solo después de recorrer todo ese camino planea transferir el complejo al municipio. Hasta ahora, la Justicia no la frenó. Solo le ocasionó demoras.