El diputado provincial Gustavo Pulti (Unión por la Patria) propuso crear un “Frente Federal en Defensa de la Educación” para evitar su “desfinanciamiento ilegítimo” tras el recorte de fondos claves para el funcionamiento del sector por parte del Gobierno Nacional. 

En el proyecto del legislador se le solicitó al gobernador Axel Kicillof que, en uso de las facultades que la Constitución Provincial le otorga, adopte “todas las conductas necesarias a fin de subsanar la grave crisis educativa generada por el Poder Ejecutivo Nacional”.

El diputado también sugirió que se convoquen “a las restantes provincias a la formación de un Frente Federal en Defensa de la Educación”. Dicha entidad tendrá como finalidad “acordar y arbitrar todos los procedimientos que resulten pertinentes para reparar la crisis educativa generada por la iniquidad, desidia y desprecio manifestado por el Gobierno nacional”. 

Pulti planteó que dicho frente podría acudir a tal fin a los pactos preexistentes como el de San José de Flores para asegurar “la normal continuidad de los servicios educativos”. 

En la misma línea, pidió invitar a cada uno de los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires a crear “Frentes Municipales en Defensa de la Educación”. Estas organizaciones actuarán como espacios de diálogo y reunión de la comunidad educativa (padres, alumnos, docentes y demás representantes del sector), con el objetivo de promover la participación.

Entre los argumentos de la iniciativa, Pulti consideró que el derecho a la educación cuenta con “una especial tutela en la Constitución Nacional y en la bonaerense”, así como también en múltiples instrumentos internacionales con jerarquía constitucional.

Desde los orígenes mismos de la construcción de la Nación Argentina, “la educación ha sido considerada un interés vital para cimentar una sociedad democrática e inteligente”, expresó el ex intendente de General Pueyrredon. 

El legislador denunció que el Poder Ejecutivo Nacional “desconoce” las previsiones contenidas en las Leyes Nacionales 25.053 (que crea e implementa el Fondo Nacional de Incentivo Docente) y 26.075 de Financiamiento Educativo (que implementa variados ítems que impactan en el salario docente, tales como los de conectividad y material didáctico).

Esto afecta “a las garantías y derechos tanto de los docentes -al disminuirse su salario en un porcentual que oscila entre el 10% y 15%- como de los educandos, quienes verían afectado su derecho a recibir una educación de calidad. A lo largo de 25 años, dichos compromisos han sido cumplimentados de “manera pacífica y continuada”, esgrimió Pulti.

“El irresponsable proceder del Poder Ejecutivo Nacional, al interrumpir ‘manu militari’ el giro de los fondos afectados por leyes nacionales para satisfacer el derecho humano fundamental a la educación, desconoce uno de los pilares básicos sobre los cuales se ha organizado la sociedad argentina”, planteó.

Y cuestionó: “Esta conducta cuasidelictual deberá ser materia de pesquisa por parte del Ministerio Público, atento que los fondos retenidos/negados por la Nación tienen una afectación legal específica que las autoridades nacionales están desconociendo”. 

Frente a este escenario, Pulti concluyó que se deben agotar “todos los medios posibles que, dentro del marco del esquema democrático, ratifique el absoluto rechazo respecto de la medida implementada por el Gobierno Nacional”, ya que “debilita el derecho humano fundamental a la educación al desfinanciar de manera ilegítima el salario docente”.