La Fiscalía General, por medio de su blog, informó sobre los problemas en que pueden meterse aquellos que hagan llamadas sobre falsas amenazas de bomba a establecimientos escolares.

Cada amenaza de “bomba” constituye un delito penal denominado “intimidación pública” prevista en el artículo 211 del Código Penal con una pena que va de 2 a 6 años de prisión.

“En cada una de estas ocasiones, se da intervención a las fuerzas policiales y a la justicia penal, iniciándose las correspondientes investigaciones tendientes a establecer la identidad del autor del hecho. Cabe señalar que varias de estas investigaciones iniciadas en los últimos días se encuentran avanzadas y en los días subsiguientes se adoptarán las diligencias procesales correspondientes, entre ellas, el procesamiento de las personas que resulten identificadas e imputables”, informa la Fiscalía General en la publicación.

Al respecto, agrega que “para procurar evitar estos hechos delictivos de los que podrían resultar involucrados penalmente los menores que realicen actos de esta naturaleza se solicita la colaboración de la población adulta y de los padres en particular”.