El ultimátum de cinco días hábiles que el intendente Carlos Arroyo le dio a los propietarios de las cabañas con vista al mar en terrenos municipales todavía no tuvo efecto: hasta este miércoles , en Rancho Móvil todo seguía igual.

“Nadie desarmó nada. Está como siempre”, le dijo a la CAPITAL Germán García, uno de los vecinos que reclama desde hace años por las construcciones ilegales  en terrenos que forman parte de una reserva natural.

Según los plazos establecidos por Arroyo en el decreto, el lugar deberá ser restituido a la Municipalidad este viernes.

En las últimas horas corrió fuerte la versión que los propietarios de las cabañas con vista al mar iban a realizar una presentación judicial para lograr que un magistrado frene los desalojos. Hasta este miércoles a la tarde, ni en el Ente Municipal de Turismo ni en la Municipalidad habían recibido alguna notificación.

Por decreto, el intendente le otorgó cinco días hábiles a Rancho Móvil para proceder a la desocupación de los terrenos municipales. Luego, el lugar deberá ser entregado a la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales dependiente del Emtur, que “tomará inmediata posesión del predio y dispondrá las medidas de resguardo que considere pertinentes”.

La historia

El desembarco de Rancho Móvil en los terrenos de la Unidad Turística Fiscal Arroyo Seco se había aprobado en el Concejo Deliberante el 16 de diciembre de 2009 durante la gestión de Gustavo Pulti.

En la ordenanza se establecía la asociación tendrá un permiso precario para funcionar en esa zona hasta que se realizara una licitación pública. Sólo se podían instalar vehículos con “casillas rodantes y afines”.

Las denuncias de vecinos e integrantes de la Asamblea de Defensa de Espacios Públicos comenzaron el año pasado cuando detectaron la construcción de las tres primeras cabañas.

La graves acusaciones derivaron en que el Concejo Deliberante elevara un pedido de informes para que el Ente Municipal de Turismo diera detalles de lo que sucedía en el predio. El primero de octubre del año pasado llegó la respuesta. “Las construcciones denunciadas no han sido autorizadas por este ente y se desconoce la titularidad de las mismas. En virtud de ello, se han labrado las actas de inspección pertinentes y se ha intimado al permisionario a denunciar a quien pertenecen y a desmontar las mismas bajo apercibimiento”, respondió por escrito la presidenta del ente, Gabriela Magnoler. En ese momento, las cabañas eran tres y las intimaciones del Emtur no fueron respetadas: la cifra se multiplicó con el paso del tiempo.

En ese contexto también se multiplicaron las denuncias de vecinos y ambientalistas, que fueron publicadas por LA CAPITAL la semana pasada. Además, el descontrol en Rancho Móvil generó fuertes criticas en el Concejo Deliberante donde se cuestionaba la falta de controles del Emtur, se pedía la caducidad del permiso y que se llamara a una licitación.

Un día después de que este medio publicó la grave situación, Arroyo firmó el decreto en el que se le ponía fin al permiso precario y se le daba a la asociación cinco días hábiles para desarmar las cabañas. Este viernes vence el plazo y, por ahora, todo indica que la orden no será cumplida.