Organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Justicia que se garantice la participación efectiva de la ciudadanía en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Cinco organizaciones no gubernamentales reclamaron a la Justifica federal una medida cautelar urgente para que se asegure la intervención oral, presencial o virtual, de todas las personas inscriptas para participar en la audiencia pública.

También, solicitaron que se designen veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las jornadas de audiencia, previstas para los días 25 y 26 de marzo.

Un total de 85.000 personas se anotaron para expresar en estas audiencias su posición respecto a la reforma de la Ley de Glaciares, que, de aprobarse, permitirá la minería en áreas cercanas a los campos de hielo, una posibilidad rechazada por los ambientalistas.

Las organizaciones advirtieron que acotar la audiencia dos jornadas permitirá apenas que unas 200 personas se expresen, es decir, menos de un 0,3 % de las inscriptas, lo que “desnaturaliza el mecanismo de audiencia pública y vacía de contenido el proceso participativo”.

Por eso, pidieron que se establezca un cronograma de audiencias públicas que garantice la participación social “integral y efectiva de la totalidad de las personas inscritas” previo al trámite parlamentario y el debate de la reforma en el pleno de la Cámara Baja.

Las organizaciones que acudieron a la Justicia son la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace Argentina, el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), con la adhesión de miembros de asambleas ciudadanas socioambientales de las provincias argentinas de Santa Fe, Mendoza y San Juan.

El pasado 26 de febrero, el Senado aprobó el proyecto que modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar y giró la iniciativa a la Cámara de Diputados para su debate.

La actual legislación fue aprobada en 2010 -es una norma pionera en Latinoamérica- y establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

La reforma generó polémica en sectores ambientalistas, que la rechazan por su posible impacto sobre los ecosistemas de montaña y las cuencas hídricas.

El proyecto otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

El Gobierno alega que esta modificación es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.