por Juan Aicega

La reforma a la Justicia que propone el Poder Ejecutivo Nacional, es extemporánea, inconsulta y aborda un aspecto menor de la organización judicial, que no acerca soluciones al ciudadano de a pie.

En épocas tan complejas como la que estamos viviendo, con una pandemia de coronavirus que apareja una crisis sanitaria y económica sin precedentes en nuestro país, ocuparse de modificar aspectos de la organización judicial, que solo afecta las estructuras del poder, a una Justicia que podría denominarse de élite, es al menos inoportuno.

La Justicia, que es el poder del Estado más importante, por ser el último control de constitucionalidad y legalidad, requiere de una reforma que permita otorgarnos un mejor servicio de justicia, pero la propuesta en esta oportunidad está muy lejos de ello.

La fusión del Fuero Federal Penal y Correccional, el Federal Penal Económico, la creación de 23 Juzgados y fiscalía en Comodoro Py, y otros organismos que atienden entre otras cosas las causa de corrupción del poder, genera por lo menos la sospecha que es una forma de enmarañar los procesos, alargar los tiempos, generar planteos de incompetencia y de todo tipo y beneficiar a personas que están complicadas en esos juicios por la corrupción.

Además, la forma de designación de los nuevos jueces es inconstitucional, parte de una lista de candidatos propuestos por la Cámara Nacional de Casación, salteando el paso de los concursos abiertos por ante el Consejo de la Magistratura, y violando el artículo 14 de la Ley de Subrogancia , que impide la ocupación de un juzgado nuevo, por un juez que no sea titular, siguiendo los procedimientos constitucionales de designación de los jueces, llegando a una alternativa muy cercana a la “designación a dedo”.

La Justicia necesita estar más cerca, debemos pensar en reformas que nos pongan frente a la oralidad, que las parte y los jueces y abogados participen de un proceso público, en el que se manifiesten la pretensiones y defensas a viva voz y que las puedan escuchar todos, con la inmediatez de la presencia de los jueces resolviendo frente a los interesados y el público que desee presenciar, quitando vayas burocráticas, acercando las tecnologías, construyendo infraestructura adecuada y no gastando 5000 millones de pesos anuales en esta reforma sin sentido en el panorama actual.

Párrafo aparte es el Consejo Consultivo de notables, que son técnicamente probos, pero con algunas objeciones éticas que les impide actuar, como ser abogados defensores de algunos de los posibles beneficiados por estas reformas. Además no sabemos qué quieren reformar, pero es sobre la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza de un Poder Independiente del Estado y en nada ha podido opinar ni participar.

Con un grupo de Diputados Nacionales y otros dirigentes, encabezados por el ex Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el ex Ministro del Interior Rogelio Frigerio, estamos abocados a analizar en profundidad esta reforma y en proponer aquella que creemos es más realista, necesaria y económica; dicha reforma debe surgir de un amplio debate con la participación de todos los interesados, los jueces, fiscales, abogados, asociaciones de víctimas, Colegios de abogados, Colegios de Magistrados, Universidades, Asociaciones Civiles afines, etc.

No encuentro motivos reales para justificar esta reforma, puedo entrever algunos motivos pero prefiero los imagine cada uno porque están casi a la vista.

(*): Diputado Nacional | Cambiemos-PRO.