Pone el foco en eventuales modificaciones que afectarían la estabilidad en el empleo, el esquema indemnizatorio y las condiciones de trabajo del personal embarcado.
La ofensiva judicial contra la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con un dictamen que respalda la presentación del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) y ordena su incorporación al expediente principal que tramita la Confederación General del Trabajo (CGT).
La intervención del Ministerio Público Fiscal entendió que el recurso de amparo presentado por el gremio resulta un instrumento válido para abordar el planteo, al considerar que la normativa cuestionada podría generar un impacto directo sobre derechos laborales protegidos por la Constitución.
En particular, se puso el foco en eventuales modificaciones que afectarían la estabilidad en el empleo, el esquema indemnizatorio y las condiciones de trabajo del personal embarcado.
La acción judicial fue impulsada por el secretario general del Simape, Pablo Trueba, junto al abogado Martín Yocca, quienes apuntaron contra aspectos centrales de la reforma. Entre ellos, la exclusión de los trabajadores embarcados del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, los cambios en el derecho de huelga y las alteraciones en los mecanismos de negociación colectiva.
En su dictamen, el fiscal remarcó que no se trata de un debate meramente teórico sobre una ley, sino de una posible afectación concreta de garantías laborales, lo que habilita la intervención judicial en esta etapa.
Además, sostuvo que no existe otra vía más eficaz que permita una respuesta rápida frente a los efectos que podría generar la aplicación de la norma.
En paralelo, se resolvió que el expediente iniciado por el gremio sea remitido al Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se tramita la acción colectiva presentada por la CGT. La decisión se basa en la similitud de los cuestionamientos planteados, lo que justifica unificar el tratamiento para evitar fallos contradictorios.
De esta manera, el planteo del Simape quedará integrado al análisis general que lleva adelante la Justicia laboral sobre la reforma, fortaleciendo la estrategia judicial de la central obrera y concentrando en un mismo ámbito la discusión sobre la constitucionalidad de los cambios impulsados por el Ejecutivo.