Un grupo de economistas del Frente de Todos de la Provincia de Buenos publicó su segundo informe de coyuntura, en el que analizan el desempeño de la actividad a nivel nacional durante el primer bimestre del año y trazan un pronóstico optimista de cara a lo que resta de 2021, aunque alertan sobre la existencia de límites concretos al crecimiento.

El documento traza un panorama de la situación económica y política vigente, para luego profundizar en los siguientes ejes: Actividad económica; Empleo y salarios, Precios; Sector monetario y financiero; Sector externo; y Sector público; a lo que se incorpora una descripción del escenario bonaerense.

El equipo está integrado por el ex viceministro de Economía de la Nación y actual secretario administrativo del Senado provincial, Roberto Feletti; el ex senador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Pignocco; el ex titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Martín Di Bella; el ex director Nacional de Programación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Horacio Rovelli, el contador Diego Perrella y la Dra. Érica Pinto.

En el anterior informe, los autores habían planteado que las dos líneas rectoras de expansión para el presente año serían la vacunación masiva y la ejecución de los ambiciosos programas de obra pública nacional y provincial, que sumados representan 2,8 puntos del PIB. Partiendo de ese diagnóstico, ahora añaden que, durante la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, “agregó un tercer factor, que consiste en asegurar un crecimiento inclusivo, signado por tres componentes: 1) subordinar el acuerdo con el FMI a la expansión de la economía; 2) reducir la presión tributaria sobre los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias; 3) desdolarizar las tarifas de energía, que constituyen un factor de erosión del salario”.

Por otra parte, el documento subraya que “estos ejes se engarzan con la puesta en marcha del Consenso Económico y Social; el inicio de las paritarias salariales libres; y la inminente convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

Todo lo anterior les permite decir que “el presidente Fernández ha configurado un conjunto articulado de acciones positivas tendientes producir un crecimiento robusto de la economía que comience a dejar atrás un lustro de crisis debido a las consecuencias del macrismo y de la pandemia”. A eso, añaden que “del acierto en su ejecución depende la consolidación política de la coalición gobernante en las elecciones de medio término”.

Sin embargo, el informe advierte que “no todas son buenas noticias en el recorrido trazado” y resalta tres cuestiones que merecen ser seguidas con atención: 1) la incertidumbre del escenario internacional; 2) los desequilibrios macroeconómicos existentes, que empiezan a acercarse a algunos límites; 3) los conflictos de los agentes económicos entre sí y con el Gobierno, que se traducen en la suba del Riesgo País y el nivel de inflación con que inició el año.

En cuanto al primer punto, la tensión entre los Estados Unidos y China, por un lado, y el rumbo adoptado por Brasil, por el otro, ofrecen señales contradictorias para nuestro país. En efecto, la gestión de Joe Biden parece apuntar a consolidar la posición hegemónica global estadounidense, lo que “constituirá un escenario de tensión para Suramérica, y en particular para la Argentina, debido a la natural atracción que ejerce sobre nuestro país la relación con China y otras potencias de Oriente por la complementariedad económica existente”. A eso debe sumarse que el rol jugado por Brasil no es el mismo que en la primera década y media del siglo, “cuándo la constitución de una firme alianza argentino-brasileña irradiada al resto del continente (UNASUR) nos permitió ganar amplios márgenes de autonomía”.

En cuanto al segundo eje, se especifica que “los riesgos de una corrección forzada de los precios relativos de la economía, conocida como ‘golpe de mercado’, tiene su raíz en el desequilibrio de divisas que arroja el balance de pagos con el exterior, antes que en un déficit fiscal relevante”. Por eso, dice el documento, “mantener un abultado el nivel de reservas internacionales en el Banco Central otorga tiempo para cerrar la brecha negativa de las cuentas públicas sin traumatismos ni aceleraciones, e inclusive para sostenerla en márgenes compatibles con el nivel de actividad”. A la inversa, “un déficit agudo de la cuenta corriente del balance de pagos, aun cuando inicialmente pueda ser solventado con ingreso de capitales, exige ajustes rápidos para impedir un desmadre en precios, tipo de cambio y tasa de interés”.

En base a esta aseveración, se indica que “la balanza comercial superavitaria es el principal proveedor de un flujo positivo de divisas para equilibrar al sector externo”, al tiempo que se advierte que “si dicho flujo se reduce y la cuenta financiera sigue presentando déficits relevantes, la sostenibilidad de las cuentas externas puede verse comprometida”.

Por otra parte, los economistas evalúan que “el esfuerzo enorme que realizó el Gobierno durante 2020 para amortiguar el impacto de la pandemia sobre la actividad y el empleo acotó las posibilidades de utilizar la política fiscal y monetaria como dinamizadores de la economía”. Sobre este hecho, explican que “no es factible ampliar el déficit público y menos aún sostener esa brecha con emisión monetaria” y resaltan que “un desbalance total de las cuentas del Estado de -8,5% del PIB, como el actual, es difícil de sostener en forma prolongada, máxime cuando la principal fuente financiera, constituida por los aportes del Banco Central al Tesoro, alcanzó los topes habituales del desenvolvimiento de la economía”. La razón de este último análisis es que “el total de pesos nominados (circulación+depósitos) alcanza al 28% del PIB, ubicándose en los rangos máximos de monetización tolerada por una economía bimonetaria como la argentina, que es del 30% del PIB”.

Para afrontar esta problemática, el objetivo del Gobierno “es que la tasa de crecimiento de los ingresos evolucione por encima de la del gasto, cerrando paulatinamente la brecha”, a la vez que se espera que “el incremento del PIB afirme la demanda de moneda nacional y, consecuentemente, el volumen absoluto de pesos en la economía pueda aumentar”.

En función de lo anterior, se observa que “sin impulsos monetarios y fiscales a la demanda adicionales a los vigentes, la recuperación dependerá de las decisiones del sector privado y sus expectativas”, a lo que debe sumarse “la política de ingresos que surja de la negociación paritaria y de la regulación de precios y tarifas”.

Sobre el tercer ítem, los economistas destacan que “es imprescindible identificar los bloques de agentes económicos poderosos que actúan en el terreno concreto y que algunos denominan ‘mercados’”. Al describir a esos jugadores, plantean que “la oferta de dólares proviene esencialmente de las ventas al exterior y deben solventar las necesidades de importación de la actividad productiva, pero también los servicios de los títulos de deuda pública nominados en moneda extranjera”. En ese escenario, “los tenedores de bonos anticipan una tensión por la oferta de divisas en el marco de la expansión de la economía y la evolución de la cuenta corriente del balance de pagos” y, por lo tanto, “los fondos de inversión reducen las tenencias de títulos argentinos reestructurados en sus portafolios, ventas que hacen descender el precio de mercado de dichos valores y elevan el Riesgo País”.

Los exportadores, por su parte, “impulsan la devaluación del peso para aumentar sus ganancias por el producido de sus ventas externas”. Sin embargo, una devaluación “incrementa la rentabilidad de las exportaciones, pero, en simultáneo, deteriora la capacidad de pago en dólares del Sector Público”. Por eso, observan los autores, “en torno al valor del tipo de cambio se sitúa el conflicto entre ambas fracciones del capital en pugna en la Argentina: los exportadores oferentes de dólares y los tenedores de bonos nominados en moneda extranjera acreedores del Estado”.

Ante ese panorama, se sugiere que “el Gobierno debe arbitrar en el conflicto para impedir la profundización del ajuste sobre el pueblo”, ya sea que éste se perpetre “por la vía de una fuerte devaluación o por un duro programa de austeridad del FMI”. El mecanismo para hacerlo es “atesorar reservas internacionales en el Banco Central provenientes del excedente de la balanza comercial”. Si el Presupuesto 2021 prevé un superávit comercial para el trienio 2021/2023 próximo a los u$s 39.000 millones, “su acumulación en el Banco Central es el principal factor de estabilización frente a la puja creciente” entre los actores descriptos.

Finalmente, los autores consideran relevante destacar “la importante reducción de los compromisos en concepto de Intereses de la Deuda, que pasaron de $ 87.052 millones en enero de 2020 a $27.104 millones en enero de 2021, es decir, una disminución de-68,9%”.Eso es “producto de la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera y de la normalización del mercado, que implicó una disminución de los costos de financiamiento y un alivio para el presupuesto nacional, pudiendo de esta manera comprometer recursos para apuntalar el Consumo y la Inversión Pública”.