El Gobierno nacional fue intimado judicialmente a dejar sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que elimina las funciones del Programa de Metrología Legal, el área encargada de controlar y regular instrumentos de medición de uso masivo, como surtidores de combustible, balanzas comerciales, alcoholímetros y equipos médicos.

La medida judicial se originó a partir de una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionó la decisión de la gestión de Javier Milei de avanzar sobre un programa considerado estratégico para el control y la fiscalización en actividades cotidianas.

Según el sindicato, la resolución implica la desarticulación de un área central del INTI y responde a una política orientada a reducir o transferir al sector privado funciones estatales de control. En ese marco, ATE alertó sobre el impacto que la medida podría tener tanto en el empleo como en la seguridad de la población.

“El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un intento de privatización”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Y agregó que la eliminación de estos controles “pone en riesgo cientos de puestos de trabajo” y afecta directamente a los usuarios.

Aguiar sostuvo además que la decisión tendrá consecuencias “graves y concretas” en el funcionamiento diario de empresas y servicios, y advirtió que “millones de ciudadanos pueden verse afectados” por la falta de verificación oficial de instrumentos de medición.

El Programa de Metrología Legal cumple un rol clave en la vida cotidiana: verifica que las balanzas comerciales marquen el peso correcto, que los surtidores despachen la cantidad real de combustible y que los alcoholímetros y cinemómetros utilizados en controles viales funcionen conforme a los reglamentos nacionales.

Desde ATE señalaron que, con la entrada en vigencia de la resolución cuestionada, el área deja de realizar la aprobación de modelos y la certificación del correcto funcionamiento de los equipos actualmente en uso.

“Nunca imaginamos llegar a un punto en el que un kilo deje de ser un kilo o que un litro de nafta no sea realmente un litro”, concluyó Aguiar, al sintetizar el alcance del conflicto.