El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, consideró “un plazo razonable” los 120 días que tiene el Congreso nacional para sancionar una nueva ley para el Consejo de la Magistratura o se elijan nuevos representantes.

“Es un plazo razonable porque la Corte dice que hay un espacio de tiempo para que el Congreso decrete otra ley y si no se sanciona la norma nueva, vamos a la otra norma que había sancionado el Congreso antes del 2006 y que contemplaba el equilibrio”, dijo Rosatti sobre el plazo de 120 días que definió el máximo tribunal para que el Parlamento apruebe una nueva ley o se elijan a los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura.

En una entrevista con el diario Clarín, el presidente del alto tribunal respondió a la crítica que realizó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal cuando planteó que la decisión de la Corte era “de cumplimiento imposible”.

Al ser consultado si presidiría el Consejo en el caso de que el Congreso no sancione una ley, Rosatti respondió: “Eso es lo que dispone la ley que quedaría vigente”.

La reforma de la Corte

Con respecto al pedido del presidente Alberto Fernández de pensar “seriamente” en una reforma a la Corte, aseguró que “es probable” que los jueces del tribunal “no seamos los que más sabemos sobre este tema” pero “sí nos parece que podemos aportar y mucho sobre el particular”.

Sobre si la posibilidad de tener un diálogo con el Gobierno sobre la reforma de la Corte Suprema, Rosatti dijo: “Nosotros nunca llamamos ni convocamos al gobierno. Sí cuando somos convocados institucionalmente”

Rosatti fue consultado sobre aumentar el número de ministros del tribunal y en ese sentido señaló: “Yo no opino que haya que ampliar o no, digo que si se amplía la cantidad de miembros va a funcionar más despacio. Eso es inexorablemente así porque la cantidad de ministros es inversamente proporcional a la velocidad”.

“Para mí lo que hay que trabajar y mucho es sobre las causas que ingresan”, agregó.

Mesa judicial

En referencia a la existencia de una “mesa judicial” durante el Gobierno de Mauricio Macri y de maniobras de “lawfare” aseveró: “Yo no cuestionaría estos conceptos. En los expedientes nosotros tenemos que resolver en función de la Constitución y el Código Penal. Entonces, si hay alguna causa armada o trastocada eso tiene un nombre, una tipología en el Código Penal”.

Luego pidió “poner foco en la prueba para darle racionalidad” y agregó: “Para la prueba no hay grieta que valga”.