La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, dijo que para reducir desigualdades en la sociedad “con todos los géneros, mujeres, lesbianas, trans, travestis y disidencias” es necesario “empezar los funcionarios públicos a entender cuál es la problemática y la necesidad de acción”, al participar este jueves de una capacitación en género y violencia contra las mujeres y diversidades, en la Gobernación provincial.

“La Ley Micaela es fundamental porque, si queremos hacer políticas públicas con enfoque de género que permitan reducir los femicidios, pero también reducir la desigualdad a todo nivel de nuestra sociedad, con todos los géneros, mujeres, lesbianas, trans, travestis y disidencias, debemos empezar los funcionarios públicos”, afirmó la ministra en declaraciones a Télam, tras el acto del que también participó el gobernador Axel Kicillof.

En este sentido, entendió que “la capacitación es el primer paso”.

La actividad se desarrolló desde las 9.15 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, ubicada en las calles 6 entre 51 y 53 de la capital bonaerense y apuntó a capacitar en la Ley Micaela, sancionada por el Congreso Nacional a fines de 2018 y a la cual adhirió la provincia de Buenos Aires en abril de 2019.

“Estamos todos en proceso de deconstrucción y, en el gabinete del gobernador, somos todos científicos y creemos que hay que aplicar un método, que hay gente que tiene experiencias valiosas para trasmitirnos, y, por eso, creemos que la capacitación es el paso uno, sin el cual no se puede avanzar en nada más”, completó Ruiz Malec.

Tras este primer encuentro de la capacitación enmarcada en la Ley Micaela, que se brindó a funcionarios del gabinete provincial, cada ministro tendrá que llevarlo adelante con sus equipos y luego se van a actualizar módulos virtuales para todos los empleados públicos de la provincia, explicó la ministra.

Consultada sobre la incidencia de las cuestiones de género en el área laboral, dijo que “hay cuestiones tendientes al interior del empleo público”.

“Estamos colaborando con el Ministerio de las Mujeres para la reglamentación de las licencias por violencia de género pero, además, hay una misión porque parte de la desigualdad, la parte más conflictiva, tiene que ver con lo económico y la falta de acceso a un trabajo remunerado. Tenemos ahí una tarea muy fuerte que hacer, tenemos poblaciones que todavía tienen dificultades enormes para insertarse”, advirtió.

En ese punto, mencionó la necesidad de avanzar con la implementación del cupo trans en la administración pública, que es “una población muy postergada y atacada”.

“Es una población difícil de incorporar porque ha sido relegada y violentada tanto tiempo que requiere de políticas de mucha profundidad y esfuerzo, y hay que trabajar, primero en identificar a toda esta población que muchas veces está en condiciones de marginalidad en cuanto a documentos, de falta de vivienda, y cuando la situación es así de emergencia requiere que varios ministerios nos coordinemos para atender esa situación quizás previa a la incorporación laboral”, reconoció.