Organismos de Derechos Humanos y la Asamblea por los Espacios Públicos manifestaron su rechazo a la decisión del intendente Carlos Arroyo de otorgarle a una asociación integrada por ex marinos el predio lindero al espacio donde funcionó el centro clandestino de detención de la ExEsim. También aseguraron que la entidad se encuentra en juicio con la Municipalidad por no acatar una orden de desalojo por usurpación.

Karina Huarte, representante de la Asamblea por los Espacios Públicos, organización que participa a su vez del Colectivo Faro de la Memoria, destacó, en diálogo con LA CAPITAL, que el permiso precario de explotación que el jefe comunal pretende convalidar en el Concejo Deliberante entremezcla dos cuestiones de “vital interés” para la Asamblea: las políticas de memoria, verdad y justicia y los bienes comunes de todos los ciudades de General Pueyrredon. “Se le está otorgando un predio a alguien que lo usurpó”, aseguró.

“Este caso es muy particular porque la persona que está ocupando el predio lo usurpa desde la década de los 90”, señaló Huarte, quien indicó que se trataría de un ex militar “que actuó en 1978 y 1979 como inteligencia naval de la Marina”.

“Sin que la Municipalidad logre sacarlo, aún habiéndose declarado el espacio como Reserva Forestal Costanera Sur en 2005, y previendo lo que se venía con las políticas de memoria, verdad y justicia, esta persona decidió conformar la asociación civil, logrando así resguardarse”, señaló Huarte, quien a su vez destacó que la Municipalidad, en 2014, “inició un juicio administrativo que derivó en una orden de desalojo, que no se cumplió y por eso se dio lugar a un juicio que aún esta vigente”.

Además Huarte destacó el pago irrisorio que la mencionada asociación debería abonar por explotar un espacio con “inmesa riqueza paisajística”: $80.000 anuales, que serían unos $7.000 por mes. “Una locura”, señaló y agregó: “Habiendo tantas agrupaciones y sociedades de fomento que están pidiendo se nos avale una gestión comunitaria de muchos espacios públicos”.

“Esto es imposible que se le haya ‘escapado’ a Arroyo porque hay una expediente al que tienen acceso todos los concejales. Y, encima, hay una orden de desalojo, que salió en 2014-2015, que debe estar cajoneada en algún escritorio”, señaló.

Y cerró: “El colectivo Faro de la Memoria y los organismos de Derechos Humanos que lo forman estamos recopilando información para presentar una nota formal en el Concejo Deliberante para este convenio no avance”.

Un juicio vigente 

Para conocer los pormenores del pedido de desalojo a la asociación que ahora parece tener el aval del Ejecutivo, LA CAPITAL se comunicó con el ex titular de Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, José Luis Zerillo, quien aseguró que existe un juicio en vigencia contra dicha asociación.

“Cuando comienza todo el proceso de recuperación del predio de la ExEsim para que sea un parque de la memoria, en 2014 tuvimos reuniones en la Base Naval, que era quien ejercía la competencia de ese predio que estaba sin uso, y le planteamos la situación del predio lindante al Faro que era ocupado por esta asociación, y desde la Base nos manifestaron que ellos no tenían ningún tipo de competencia en el lugar”, explicó el abogado.

En este sentido, Zerillo señaló que se pudo constatar que los integrantes de esta asociación ingresaron cuando el territorio pertenecía a la Marina -sin autorización comprobable mediante-, pero no se retiraron cuando el espacio fue cedido a la Municipalidad.

“A partir de ahí, desde la Dirección de DDHH de la comuna, iniciamos un proceso de intimación para saber cuál era el argumento jurídico que se podía esgrimir para estar utilizando ese predio que ya era municipal. Los ocupantes no pudieron argumentar ninguna documentación que los autorizara estar ahí, y entonces se les hace una intimación de desalojo administrativo. Ellos hacen un recurso jerárquico, que lo pierden, por lo que queda firme el desalojo. Al negarse a llevarlo adelante, desde la Municipalidad iniciamos en 2014 un juicio de desalojo, radicado en el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Mar del Plata, que avanzó rápido hasta el cambio de gobierno”, aclaró.

Para Zerillo resulta inentendible que “habían un juicio vigente se firme este convenio”. “Claramente hay una privatización del espacio público por parte del intendente municipal y una obsesión de generar un estado con fueros especiales a todo lo que venga con algún antecedente de pasado militar”, señaló.