Los tres abogados y el asesor previsional detenidos el viernes por un millonario fraude contra las arcas del Estado nacional a través de la tramitación de expedientes jubilatorios se negaron a declarar ante el juez federal Santiago Inchausti

Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz, Roberto Luis Balbuena y Luciano Conrado Diez rechazaron, por consejo de sus defensores, la posibilidad de comparecer en el marco de la causa en la que están imputados de los delitos de asociación ilícita, cohecho y fraudes contra la administración pública.

Los tres abogados y Balbuena, que es asesor, integraban el estudio jurídico Organización Jurídica Previsional SRL, ubicado en Paso e Hipólito Yrigoyen. La investigación realizada por la Justicia Federal determinó que en esas oficinas se realizaban trámites irregulares para el otorgamiento de jubilaciones, lo que generó un impacto fraudulento al estado de casi 100 millones de pesos en los últimos años.

Las denuncias que iniciaron el expediente fueron presentadas en el fuero federal por Afip y Anses, mientras que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo lo hizo en la fiscalía de Delitos Económicos de la justicia provincial que luego declinó competencia.

Las maniobras que pudieron comprobarse, según la hipótesis fiscal, es que cobraban cifras millonarias en torno a los montos retroactivos. Por eso es fundamental para la Justicia determinar las facilidades que a este estudio le ofrecían desde dentro de la Anses por una razón básica: era importante demorar el trámite, que tardara lo máximo posible en salir al pago porque se computa para el cobro inicial la fecha de inicio de trámite. Si la jubilación lo otorgan mucho tiempo después, el retractivo es mayor. Como algunos de los retiros que gestionaba este estudio eran para haberes de 50 mil pesos, los montos acumulados alcazaban cifras elevadísimas.

De acuerdo a información a la que pudo acceder LA CAPITAL, Cagni, Iroz y Balbuena tienen antecedentes en una causa por estafa procesal y obtuvieron los tres una suspension de juicio a prueba por ser la primera causa penal.

Pudo conocerse que los tres hacían ejectuar convenios de honorarios cuando la ley dice que no se pueden hacer convenios o pactos en casos previsionales o juicios de alimentos. Con ese accionar los tres imputados y ahora detenidos infringieron la ley arancelaria que rige a todos los abogados, al hacerles firmar esos convenios a los clientes, y una vez que lo tenían listo, los presentaban ante la Justicia para ejecutar los montos.