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La Ciudad 27 de julio de 2026

Sivo: “La concesión del Minella perjudica enormemente al municipio: todo es irregular”

El abogado cuestionó el pliego licitatorio, la solvencia de la adjudicataria y la cláusula del contrato que obliga a litigar en tribunales internacionales. También apuntó contra el canon "irrisorio" y reclamó más transparencia.

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El abogado César Sivo y el presidente de la ONG Mirada Ciudadana, César Ventimiglia, responsabilizaron a los funcionarios.

El abogado César Sivo, acompañado por César Ventimiglia, presidente de la ONG Mirada Ciudadana, cuestionó la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de los Deportes, responsabilizó a los funcionarios que avalaron la adjudicación de los espacios y advirtió sobre el perjuicio económico que genera para el municipio.

“La concesión del Minella perjudica enormemente al municipio, todo es irregular”, aseguró Sivo, quien patrocina a la ONG Mirada Ciudadana.

La organización fue aceptada como particular damnificado en la causa impulsada por el fiscal Juan Manuel Pettigiani que investiga las presuntas irregularidades en la licitación del Minella y la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa decisión le permitió intervenir formalmente en el expediente judicial.

En diálogo con LA CAPITAL, Sivo planteó que con solo revisar el pliego de bases, se ve una licitación que “fue preparada para un grupo específico”, sin “pautas a favor de la Municipalidad y con un canon irrisorio”.

En este sentido, Sivo apuntó contra la solvencia económica de Minella Stadium. Esta situación derivó en las últimas semanas en el desembarco de Marcelo Fígoli como principal accionista de la firma.

“Todo se pensó para una sociedad recientemente constituida. Si yo estoy pensando en 40 años de concesión, tengo que ver mínimamente la trayectoria de la empresa”, expuso el abogado.

Sivo criticó que el gobierno local haya preadjudicado la licitación realizada el año pasado a una empresa sin antecedentes.

Durante el proceso de preadjudicación, la firma no había integrado a su patrimonio el aporte de 40 millones de dólares que había anunciado como inversión. Esto fue observado por el contador municipal, pero igual avanzó la propuesta, luego avalada por el Concejo Deliberante.

Además, recordó que Revee, la empresa brasileña que encabezó inicialmente la iniciativa como principal accionista, está vinculada a REAG. Se trata de un grupo económico investigado en Brasil por presuntas maniobras de fraude financiero, corrupción y lavado de dinero, en una causa que autoridades del país vecino describieron como uno de los mayores fraudes bancarios del país.

“¿Los únicos que no se enteraron fueron los funcionarios municipales? ¿Le vamos a dar 40 años de concesión a alguien que no sabemos si va a tener dinero?”, cuestionó Sivo.

Convenio

El abogado también se refirió a uno de los ejes más polémicos de la licitación: el convenio con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que el Minella sea sede de los partidos de las selecciones nacionales. Por este ítem, en la compulsa se otorgaron 30 puntos, factor decisivo para definir al ganador.

Sin embargo, dos semanas antes de que el Concejo aprobara el pliego de bases para licitar el Mundialista, la AFA ya había firmado un convenio con el gobierno provincial para que el Estadio Único de La Plata albergue partidos de las selecciones nacionales.

“En La Plata no cedieron la concesión del estadio, la sigue teniendo la Provincia. La AFA paga $1.000 millones de canon por año. Acá son $120 millones, con 54 meses de gracia”, comparó Sivo.

Y profundizó: “Cuando se preadjudicó la concesión del Mundialista en junio de 2025, el contrato de la AFA con la Provincia estaba vigente desde diciembre de 2024. Ya sabían que la cláusula del pliego no corría, pero igual le dieron a Minella Stadium los 30 puntos. ¿Nadie prestó atención a nada?”.

Tribunales

Uno de los aspectos más objetados por el abogado tiene que ver con la cláusula 26° del contrato entre el municipio y la concesionaria Minella Stadium, donde se establece el arbitraje de tribunales internacionales para dirimir cuestiones como la caducidad o la revocación del vínculo legal.

“Ante faltas graves, nulidad o caducidad del contrato, se debe litigar en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Eso representa un costo altísimo. Implica trasladarse, producir prueba en el extranjero, contratar abogados y jugar de visitante. En el Ciadi, Argentina ha perdido el 85% de sus casos”, alertó Sivo.

Según el especialista, el Ciadi suele favorecer en las resoluciones finales a los contratantes privados. “El tiempo de litigio internacional está estimado en entre tres y seis años. Y en el camino te quedaste sin nada”, agregó.

Transparencia

Ante este cúmulo de irregularidades en el pliego licitatorio, así como en la preadjudicación, la solvencia económica de Minella Stadium y el contrato final, tanto Sivo como Ventimiglia remarcaron la necesidad de una mayor transparencia y control ciudadano en el manejo de los bienes públicos.

Para Sivo, el contrato de concesión es “absolutamente perjudicial para la Municipalidad, ya que está diseñado para que el privado tenga todas las posibilidades de hacer lo que quiera sin invertir, utilizando espacios que les corresponden a toda la comunidad”.

Por este motivo, llamó a seguir los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo a este organismo, la única forma de evitar la corrupción “es mejorar la transparencia y dar mayor intervención a la sociedad civil”.

En tanto, Ventimiglia opinó que Mirada Ciudadana busca “generar mecanismos de participación ciudadana y de transparencia en los actos de gobierno, dos elementos que no se ven en la concesión del Minella”.

“Esto es una conducta repetitiva. La democracia y la mayoría propia en el Concejo le han dado vicios de legalidad al Ejecutivo. En el Minella y el Polideportivo incluso les cortaron la luz por falta de pago. Es alevoso”, cuestionó.

Por último, Sivo opinó que “lo ideal” sería recuperar los espacios concesionados, pero reconoció las dificultades legales para avanzar con este proceso ante la obligación de litigar en tribunales internacionales.

“Quedamos encerrados en un galimatías del que es muy difícil salir. Pero los costos de recuperar los espacios deben caer a cuenta de los funcionarios que aprobaron la concesión”, sentenció.