El pasado 9 de marzo el juez de garantías Daniel De Marco resolvió sobreseer de manera definitiva al administrador del edificio de Punta Mogotes que, al desprenderse salientes y balcones, mataron a una mujer y a su hija en diciembre de 2018.

Recién en las últimas horas trascendió esta novedad judicial que deja sin responsables penales al conmocionante siniestro porque quedó firme el fallo luego de las postergaciones de los tiempos procesales a causa de la cuarentena.

El juez De Marco entendió que no existía hecho criminal que imputar a Jorge Bianchi, el administrador, a partir de una serie de informes periciales de arquitectos e ingenieros que analizaron lo ocurrido el 29 de julio en el edificio de Puán y Acevedo, donde murieron Agustina Ferro (35) y su hija India (3).

El fiscal de la causa, Pablo Cistoldi, entendía que debía producirse el archivo porque por el momento no había prueba suficiente para avanzar en la imputación por doble homicidio culposo contra Bianchi. Sin embargo, esa figura permite reabrir la causa si se produce nueva evidencia, a diferencia del sobreseimiento que, si queda firme, es cosa juzgada.

El fallo del juez de garantías toma en cuenta cuestiones técnicas que señalan que el administrador Bianchi no tenía responsabilidad ni podía saber de la existencia de algún fallo en el diseño y construcción de las salientes de la azotea. Estas construcciones, agregadas de forma ajena al proyecto inicial, tuvieron un rol ornamental y fueron las que se desprendieron y, en su caída, arrastraron los balcones. La gran cantidad de mampostería precipitada causó la muerte de Ferro y su hija.

La extensión de la matriz de fierros, su disposición y el grosor del material que la recubría no reunían condiciones ideales. “El edificio estaba bien mantenido, se le agregaban cosas, se pintaba y esa misma renovación permanente conspiró contra la posibilidad de que el error en la construcción se exteriorizara”, manifestó una fuente judicial consultada.

Con el sobreseimiento de Bianchi no quedan responsables penales y ahora la judicialización de este lamentable suceso está circunscrita al ámbito civil.