Un empleado municipal podría ser sometido a juicio oral si prospera el pedido de dos fiscales que lo acusaron de estafar a decenas de personas que habían accedido al crédito del plan Procrear.

Los hechos ocurrieron entre junio de 2014 y enero de 2015 y  se le imputan a Pablo Aquino, en carácter de autor, y a Natalia Vaccaro, como partícipe.

Aquino, según la solicitud elevada por los fiscales Javier Pizzo y David Bruna, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, y que debe ser resuelta por la Justicia de Garantías, había montado una empresa constructora ficticia por medio de la cual contactaba a beneficiarios del plan Procrear.

El ardid consistía (usaba la herramienta de Facebook para hallar y captar la confianza de las personas) en aparentar una gran experiencia en el rubro de la construcción. “Se presentaba como una de las personas que más casas había tomado para construir con el plan Procrear y exhibía antecedentes positivos”, dice la conclusión de los fiscales.

A partir de esas falsas referencias, los tenedores de terrenos confiaban en un proyecto seguro y realizaban los primeros pagos de los servicios a contratar.

Aquino era empleado municipal y utilizaba ese dato para demostrar que tenía contactos e influencias y con ellos contratar a cooperativas de trabajo que le permitían abaratar los costos. También había montado oficinas con el nombre de la empresa, las que mudaba de manera constante.

La investigación fiscal detectó 52 hechos de estafa y por ello la solicitud de elevación a juicio oral.