Sostienen los procesamientos en la causa por las cuevas financieras
“Estamos ante una estructura aceitada, dedicada a cometer delitos de cuello blanco propia del crimen organizado”, sostuvo el fiscal general durante la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones. Cómo funcionaba la asociación ilícita. Qué dijeron los abogados defensores.
Tras una audiencia maratónica de casi seis horas, donde se escuchó la palabra de 12 abogados defensores y del Ministerio Público Fiscal de la Nación –representado por el fiscal Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri–, los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata deberán resolver los procesamientos de los 25 acusados en el marco de la megacausa por cuevas financieras, al tiempo que tendrán que expedirse sobre el recurso fiscal sobre la no fijación de aquellas prisiones preventivas solicitadas.
Los magistrados Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel escucharon en primer lugar a todos los abogados defensores: Alejandro Borawski Chanes en representación de Sergio Fares; César Sivo, por Alberto y Fabián Durotovich y Donato Lamorte; Nicolás D’Albora, por Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro; Facundo Capparelli por Jorge Tuduri y Gerardo Irigoin; Gustavo Marceillac por Ana María De Rosa; Eduardo Di Genares, por Ana María Touriño y Daniel Fernando Peña; Ricardo Vázquez (defensa oficial) por Andrés González Fernández, Matías González Porini, Ángel Rojas y Marcelo Velázquez; Carlos Urlich por Matías Ale; Mariano Ayesa por Rolando Gabriel Todaro; Gonzalo Pomponio por Rubén Salitori; Sergio Fernández por Carlos y Ángel Morán, y Marcelo Savioli Coll por Santiago Indrigo Pastore, Federico Indrigo, David Brañeiro Quiñones y Facundo Fernández Baloira.
Durante cada exposición las defensas cuestionaron los procesamientos de sus defendidos, pidieron la revocatoria y el sobreseimiento. Cuestionaron las escuchas telefónicas como pruebas y hablaron de vínculos entre los imputados “no probados”. La mayoría negó la intervención de su o sus clientes en la asociación ilícita. También adujeron que no se describió la misma ni cómo afectó al orden público, y cuestionaron la aplicación de la figura de intermediación financiera. Adujeron que los millones encontrados eran fondo propio y coincidieron algunos en que se afectaron garantías constitucionales. Hablaron dos de ellos de informes ideológicamente falsos de la Gendarmería Nacional a cargo de las tareas de inteligencia y casi todos repararon en una falta de precisiones en los hechos imputados.
“Estamos frente a una estructura criminal aceitada que ha estado oculta, porque no había antes normativa que permitiera la intervención de la Justicia. Son delitos de cuello blanco”, sostuvo a su turno el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri.
La causa se inició a través de una presentación de representantes del Banco Central ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) donde revelaron no sólo posibles irregularidades en el régimen penal cambiario sino también la comisión de delitos federales como la intermediación financiera.
En este sentido, Adler marcó que la ley N°26733 de delitos financieros “viene a reprimir a las cuevas o las bancas de hecho, que tanto perjudican a los ahorristas y al desarrollo monetario de los pueblos”.
“Es toda la sociedad la que se perjudica con este delito”, apuntó para contrariar la idea de que no tiene víctimas, y ejemplificó con la película “Plata Dulce” con el personaje de Federico Luppi, recordando a Arteche. Enseguida, recordó los vínculos con paraísos fiscales y los viajes recurrentes de uno de los principales acusados a Andorra.
Más adelante, citó a Antonio Argandoña (2009), quien resalta que la función social de las entidades financieras contribuye al bienestar de las familias y empresas, facilitando la gestión de su riqueza con niveles aceptables de liquidez, rendimiento y riesgo, al tiempo que encauza profesionalmente el ahorro hacia quienes emprenden inversiones. “Nada de eso sucede cuando estamos ante las bancas de hecho o cuevas. Este mercado paralelo es permeable para maniobras de lavado de dinero, delito que forma parte del objeto procesal desde el inicio de la investigación”, sostuvo el fiscal general.
Adler planteó más adelante que las casas de cambio involucradas no tenían autorización del Banco Central para las operaciones de intermediación financiera que realizaban ni las operaciones de cambio, que se hicieron, entonces, “al margen de la ley”.
Apoyado en un cuadro, el fiscal general habló de la estructura que sostenía la asociación ilícita que se les imputa a los acusados en esta causa. Marcó en una primera instancia a las agencias que “bajo fachadas legales, realizaban actividades ilegales”, como Transcambio, Jonestur y Eurocity/Intercambio, cuyos directivos quedaron implicados.
En un segundo rol, dijo, están aquellas personas que llevaban dinero entre las empresas: “Había una provisión común de la masa monetaria”, señaló. En el tercer eslabón del gráfico estaban los denominados “arbolitos”, quienes actuarían con tenencia de armas y connivencia policial, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal. “Estamos frente a una estructura perfectamente organizada”, afirmó el fiscal.
A su vez, exhibió ante los jueces y abogados defensores una serie de imágenes. Mostró la zona de avenida Luro entre Independencia y Catamarca, donde los “arbolitos” tenían dominio territorial, ofrecían cambio y los autos en doble fila eran parte del paisaje, ante la inactiva presencia policial. El mismo lugar donde el día de los primeros allanamientos, el 19 de septiembre de 2016, se secuestraron casi dos millones de pesos, 75 mil dólares, unos 6 mil euros y gran cantidad de armas que custodiaban esta cifra de dinero.
Las imágenes también mostraron las libretas secuestradas que evidenciaban el pago de coimas a personal policial que ya ha sido llamado a prestar declaración indagatoria, tanto como los tres millones de dólares encontrados en la caja de uno de los principales imputados.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal fue, desde un comienzo, un posible vínculo de esta organización con el lavado de dinero, y así lo avaló un reciente informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), donde se habla de una “altísima probabilidad” de que este flujo de dinero sea producto del lavado.
Además, en un tramo de su alocución, el fiscal remarcó en relación con las intervenciones telefónicas la necesidad de acudir a este elemento de prueba, precisamente porque se está frente a criminalidad organizada, a delitos de cuello blanco, y citó todas aquellas acciones por las que no se habían producido violaciones de las garantías constitucionales que objetaron las defensas.
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