El presidente de la ong Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, subrayó que dos de los principales impuestos que la gobernadora María Eugenia Vidal se comprometió a retirar de las facturas eléctricas ya habían quedado sin efecto por un fallo de la Justicia, el cual fue revertido a principios de este año luego de que a instancias de un pedido del Ejecutivo bonaerense, la Suprema Corte volviera a autorizar su cobro.

“Esta misma medida se hubiera podido concretar si la gestión de Vidal no hubiera apelado la cautelar que nosotros habíamos apoyado y por la cual ya se había prohibido que la Provincia siguiera cobrando estos impuestos ilegales“, le aseguró Procelli a LA CAPITAL.

Según explicó, ambos gravámenes aparecen en las facturas de luz con las denominaciones Ley Provincial 7290 y Ley Provincial 9038, estableciendo respectivamente el pago del 10% y del un 5,5%  de los consumos realizados por los usuarios.

Según recordó Procelli, en 2016 Consumidores Argentinos apoyó una demanda judicial que fue impulsada por la Defensoría del Pueblo, para exigir que el Estado dejara de cobrar esos dos impuestos destinados a financiar obras “que ya se hicieron o que no se hicieron nunca“.

El decreto ley 7290, del año 1967, fue creado para constituir el “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires” mientras que el Decreto Ley 9038, del año 1978, tuvo como objetivo construir la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava que nunca se concretó.

“Lo que se hizo con esos recursos fue construir la Central Luis Piedrabuena, inaugurada en 1988 y posteriormente privatizada”, dijo.

En una primera instancia la Justicia falló a favor del reclamo ya que se advirtió que los fondos recaudados ya no estaban siendo utilizados para su objetivo original, sino que simplemente terminaban engrosando las “rentas generales” de la Provincia.

Por ese motivo, desde 2016 en adelante los usuarios del servicio eléctrico no debieron afrontar el pago de ninguno de estos dos gravámenes, cuya suma del 15,5% sobre el valor de los consumos, resulta equivalente a la reducción impositiva anunciada ayer por la gobernadora.

“Pero lamentablemente el Ejecutivo decidió apelar el fallo logrando que la Corte autorizara a seguir aplicando estos dos impuestos, los cuales se están volviendo a cobrar desde el mes de enero de este año”, indicó Procelli.

Por otro lado el presidente de la ong Consumidores Argentinos consideró que al margen de concretar ahora la quita de estos dos impuestos, el gobierno debería “tener otra mirada” para reducir el fuerte impacto del aumento de las tarifas.

“La solución no puede pasar únicamente por quitar impuestos porque el resultado de esto será que el Estado seguirá desfinanciándose, generando así un doble perjuicio para la gente”, indicó.

“Lo que se debe hacer es analizar qué hacen las empresas con la rentabilidad excesiva que obtienen. Con este esquema no se toca la enorme ganancia empresarial, la cual está garantizada por el compromiso de obtener durante este año dos nuevos aumentos tanto en el gas y como en la electricidad”, señaló.