El debate sobre la regulación de las plataformas de transporte volvió a sumar este lunes un capítulo en el Concejo Deliberante. En una nueva reunión de la comisión de Movilidad Urbana, y a la espera de las respuestas a los pedidos de informe a la Secretaría de Legal y Técnica, expusieron representantes de taxistas y remiseros, quienes manifestaron un fuerte rechazo al proyecto que busca ordenar la actividad de aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify.

Participaron Pablo Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis y de Servitaxi; Donato Cirone, secretario general del Sindicato Único de Peones de Taxis (Supetax); y Guillermo Messina, en representación de Remicop. Todos coincidieron en cuestionar la iniciativa y reclamaron que, en caso de avanzar, se establezcan las mismas reglas que rigen para los servicios habilitados.

Sánchez adelantó que el sector presentará un proyecto de ordenanza propio para regular la actividad. “A las apps les deberían caber las mismas regulaciones que a los taxis o los remises, que también son un servicio privado”, dijo.

“Hasta para foodtrucks hay normas y limitaciones que determinan el espacio, horarios, lugares y lo que venden. ¿Por qué no hacerlo también para las aplicaciones de transporte?”, planteó.

Además, relativizó: “Algunos ponen el foco en la tecnología, pero todas las empresas de Mar del Plata tenemos esa tecnología. Ese no es el punto”. Y advirtió sobre el impacto económico: “No podemos valernos del libre mercado y la autorregulación, porque si siguen cerrando comercios, va a seguir incrementándose la cantidad de conductores y nos vamos a fundir todos. Me parece una aberración y lo único que se protege con esto son intereses extranjeros”.

En la misma línea, Cirone reconoció que las plataformas “están operando en la ciudad”, pero remarcó la necesidad de regular pensando en los usuarios. “Nuestra actividad está siendo muy vapuleada por falta de presencia del Estado municipal, porque no hay controles. A los taxistas nos exigen todo, pero a nuestra competencia desleal no”, sostuvo.

También cuestionó la idea, expuesta por algunos concejales, de que el sistema “se regula solo”: “Disiento, porque si no hay regulación, quien queda desprotegido es el usuario”.

En ese sentido, el dirigente gremial consideró “fundamental” establecer una normativa con cupos de vehículos habilitados: “A igual actividad, mismos requisitos. Hoy las plataformas trabajan de manera ilegal, con una competencia desleal hacia nuestra actividad. Hay que cuidar a los servicios regulados”.

Por su parte, Messina apeló a una comparación para marcar su postura: “El lunes pasado, después de lo que se habló en esta comisión, me quedé pensando: si es por liberar todo, mañana me pongo una inmobiliaria o una farmacia”.

Y agregó: “A mí no me molesta que me pidan los papeles y me controlen, me parece bárbaro. Pero cumplámoslo todos. Con el mismo criterio, quiero una inmobiliaria o una escribanía si esto sale”.

El concejal y presidente de la comisión de Movilidad Urbana, Guido García (Coalición Cívica), defendió el proyecto de su bloque que impulsa la creación de un registro para los prestadores de aplicaciones. “Es nuestra hoja de ruta y entiende al servicio tal cual es, integrando también a taxistas y remiseros. No tiene ninguna animosidad ni va en contra de nadie. Hemos sido coherentes en nuestra mirada e intentamos beneficiar a los usuarios”, afirmó.

Vale recordar y clarar que la discusión gira en torno a dos proyectos: uno que propone crear un registro municipal de prestadores del servicio mediante aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify; y otro que busca eliminar las multas establecidas en 2019 para quienes operan con estas plataformas.

En paralelo, y ante la existencia de múltiples expedientes y notas sobre el tema, la concejal Noelia Ríos propuso unificar el tratamiento. Planteó que no se analicen por separado, sino que se incorporen todos en un mismo expediente para “ordenar la discusión”.

Al igual que en la reunión de la semana pasada, el tratamiento no arrojó definiciones y continuará condicionado a los informes técnicos solicitados al Ejecutivo.