La Justicia ratificó el aumento de la tasa de servicios urbanos
Falló a favor de la municipalidad ante el pedido de una contribuyente que había pedido que se suspendiera.
Falló a favor de la municipalidad ante el pedido de una contribuyente que había pedido que se suspendiera.
Por el aumento en la tasa de servicios urbanos hay más quejas que el año pasado. Los integrantes del organismo solicitaron una reunión con los jefes de bloque. Por ahora, en el Concejo no hay indicios de que vaya a haber una revisión.
Cameco manifestó su inquietud ante el impacto de la TSU y la boleta de Obras Sanitarias. Señaló que afecta "de manera directa la rentabilidad de las empresas".
El defensor del Pueblo Fernando Rizzi destacó que, aunque haya sido en un único caso, la Justicia ya opinó que la tasa es inconstitucional. Por eso consideró que el municipio no debería ignorar el fallo y tendría que modificar la forma en la que aplica tributo.
La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Considera indefinidos los conceptos sobre los que se aplica el tributo. Alcanza un caso en particular.
Aseguran que algunos contribuyentes están recibiendo boletas con valores hasta un 100% superiores a los de 2016. Por eso pidieron reducir el impacto del aumento y flexibilizar las condiciones de acceso a las eximiciones.
El secretario de Economía dijo que se intentará recuperar el criterio de "equidad y progresividad" con el que fue creada la TSU. El 37% de los contribuyentes no tendrán aumentos o experimentarán rebajas. En su mayoría las subas serán de entre el 10% y el 60%. En "muy pocos casos especiales" podrían superar el 100% y el 200%, dijo.
El Defensor del Pueblo, Walter Rodríguez, aseguró que el organismo está recibiendo múltiples denuncias de contribuyentes por los fuertes aumentos en la tasa municipal. Pedirán que el gobierno explique con claridad de qué manera se autorizó la suba.
Los contribuyentes reciben boletas con aumentos que exceden el promedio del 27% que había sido anunciado por el Ejecutivo. Es que además de la suba porcentual, la gestión de Arroyo dispuso aplicar una brusca actualización de las valuaciones fiscales de los inmuebles.