Unos 60 terrenos de la zona sur de la ciudad pertenecientes a la familia Peralta Ramos quedaron en el centro de una causa por estafas que tramita la Fiscalía de Delitos Económicos y que tiene como imputados a un martillero y a un hombre que asegura que el lote pertenece a su padre, quien los utilizaba desde hace 50 o 60 años y por eso son de su propiedad.

El apoderado de uno de los descendientes de Peralta Ramos denunció, en 2017, que 60 terrenos ubicados en la zona sur de la ciudad (Acantilados, San Carlos, El Griego) que correspondían a una sucesión estaban siendo vendidos por un martillero y un hombre que aseguraban ser los legítimos dueños.

Según informaron fuentes oficiales a LA CAPITAL, el martillero, identificado como M.R.F. y el poseedor de los terrenos,  F.R.D., realizaron entre 2016 y septiembre de 2017 un contrato de sucesión de derechos y se adjudicaron la calidad de poseedores de 60 terrenos, entre los que hay manzanas enteras, por una suma de 200.000 pesos. Monto calificado como “irrisorio” para los investigadores.

A partir de ese contrato, el martillero y el poseedor, en 2017 comenzaron a vender los terrenos a diferentes personas. Para graficar estos hechos, una mujer compró uno de esos terrenos a 145.000 pesos. Es decir, que una sola venta tuvo casi el valor de la totalidad del lote de los 60 terrenos.

Para quienes compraron estos terrenos es una situación al menos angustiante. Para los investigadores, aunque en un principio se sospechó que podrían ser usurpadores, se trata de víctimas de estafa, ya que mostraron documentos de compra venta, realizados con “buena fe”. Sucede que independientemente de cómo quede el dominio de esos terrenos, la Justicia Civil deberá intervenir, ya que las víctimas entregaron dinero y comenzaron a construir viviendas en esos lugares que no les pertenecen.

El delito de estas ventas habría comenzado con la falsificación de instrumentos privados y luego quedaría enmarcado en 60 hechos de estafas, todas en concurso real, lo que podría significar una pena elevada en el caso de llegar a una condena.

El fiscal David Bruna informó a LA CAPITAL que la imputación contra los dos hombres ya está formulada y resta la declaración del martillero, quien solicitó retrasar la audiencia amparado en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

El poseedor explicó que los terrenos, pertenecientes a Peralta Ramos, se tratan de zonas descampadas que su familia utiliza desde “tiempos ancestrales”, en los que su padre hacía pastar a caballos en un emprendimiento. Sin embargo, para el fiscal eso carece de validez jurídica y no hay registros de que hubiese iniciado los trámites por usucapión de los terrenos.