Por iniciativa de la Escuela de Gobierno y Administración Pública (EGAP) de la UNMDP y la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias —dependiente del Obispado de Mar del Plata—, el lunes 30 de junio se desarrolló en la sala Silvia Filler del Rectorado una disertación abierta que buscó interpelar las narrativas dominantes en torno al narcotráfico y proponer, en su lugar, una lectura situada, crítica y centrada en las personas.

Lejos del discurso de la guerra contra las drogas, el encuentro —titulado “Territorios en disputa: frente al discurso que margina, la respuesta que humaniza”— convocó a especialistas que compartieron experiencias y saberes construidos desde la investigación académica, la práctica judicial y la acción territorial. Disertaron el juez Juan Tapia, la investigadora Karina Conde, y la directora de la EGAP, Mónica Biasone.

Mitos del narcotráfico y decisiones que no se toman

Desde la organización del evento, la directora de la EGAP, Mónica Biasone, propuso una reflexión crítica sobre el sentido común que rodea al discurso oficial sobre narcotráfico. “Cuando hablamos de lucha contra el narcotráfico, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Generalmente, pensamos en fuerzas de seguridad incautando cocaína y deteniendo a alguien. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué no hicimos para llegar a esta situación?”, interrogó.

Biasone insistió en la necesidad de mirar hacia las comunidades y reconstruir las redes sociales que la exclusión sistemática ha destruido. “La lucha contra el narcotráfico empieza en los barrios, conociendo lo que pasa en las comunidades. No se trata solo de una batalla judicial o policial, sino de un trabajo integral y sostenido”, aseguró.

En ese sentido, la jornada propuso un abordaje interseccional: con aportes desde la justicia, la salud pública, la sociología y la educación. “Invitamos a un juez porque hay normativas que se aplican, y queremos saber cómo se deciden esas aplicaciones. Trajimos a una investigadora porque necesitamos datos reales del territorio. No se puede combatir una problemática que no se conoce”, sintetizó.

Entre la ley y la calle: la justicia ante los consumos problemáticos

Desde el Sistema de Medios Públicos de la UNMDP dialogamos con las y los disertantes. El Dr. Juan Tapia, juez titular del Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata, se refirió a los modos en que el sistema penal argentino interviene sobre las personas que atraviesan consumos problemáticos, y planteó una crítica abierta a la respuesta punitivista que, según sostuvo, domina el enfoque institucional.

“El sistema penal está atravesado por el castigo, por la cárcel como amenaza de pena”, afirmó. Lejos de minimizar la gravedad de la problemática, Tapia sostuvo que el enfoque represivo no sólo resulta ineficaz, sino que también profundiza la exclusión de los sectores más vulnerables. “Tenemos que pensar estas situaciones de otra manera, trabajando con actores del sistema de salud, sin generar vulneraciones adicionales”, señaló.

Tapia se refirió también al colapso de los dispositivos de salud pública en la ciudad y la provincia, y advirtió sobre la precariedad de las respuestas institucionales: “Muchas familias golpean puertas buscando ayuda y muchas veces quienes las atienden no son actores estatales, sino organizaciones sociales, clubes, instituciones barriales”. En este contexto, subrayó el valor de abrir espacios de diálogo entre el poder judicial y la comunidad para atender estas demandas de modo más justo y democrático.

Una ciudad en deuda con su propia juventud

Desde una mirada epidemiológica y con foco en la prevención, la Dra. Karina Conde —docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNMDP y co-directora del proyecto “Avances en la evaluación del consumo de sustancias psicoactivas”— expuso algunos resultados obtenidos en estudios locales que dan cuenta de la vulnerabilidad de ciertos sectores frente al consumo de alcohol y otras sustancias.

Conde planteó el concepto de “paradoja del daño” para describir cómo las consecuencias negativas del consumo afectan más gravemente a las personas de sectores socioeconómicos bajos, incluso cuando la cantidad consumida es la misma que en estratos medios o altos. “Dos personas pueden consumir lo mismo, pero si una tiene menos recursos, está más expuesta a los riesgos”, explicó.

Entre los estudios mencionados, se destacó una investigación realizada en 2020 sobre pacientes con lesiones vinculadas al consumo de sustancias, y otro que exploró los riesgos durante el embarazo asociados al consumo de alcohol previo a la gestación. En ambos casos, los datos revelaron desigualdades estructurales que agravan las consecuencias en los sectores más postergados.

Además, la investigadora advirtió que las políticas públicas suelen llegar tarde: “Siempre corremos por detrás del mercado. Necesitamos reforzar la investigación para saber qué está ocurriendo y cómo podemos ayudar a tiempo. Una vez que la persona ya accedió a la sustancia o ya se lesionó, llegamos tarde”.

La urgencia de un enfoque integral

A lo largo de la actividad, quedó en evidencia una convicción compartida por todas las voces presentes: los consumos problemáticos y el narcotráfico no pueden entenderse ni enfrentarse solo desde la lógica de la represión. Cada intervención aportó elementos para construir un enfoque más complejo, interdisciplinario y situado, capaz de atender a las condiciones de vida concretas de quienes más sufren estas problemáticas.

Tapia, por ejemplo, remarcó que los jóvenes de bajos recursos muchas veces consumen sustancias de muy mala calidad, lo que empeora los daños físicos y sociales. “Muchos terminan en situación de calle, expulsados del núcleo familiar. Esas situaciones se agravan en contextos de vulnerabilidad extrema, y ahí es donde el sistema penal fracasa al responder solo con castigo”, puntualizó.

Conde, por su parte, abogó por implementar políticas de reducción de daños claras, específicas y evaluables. “No basta con poner un cartelito que diga ‘consumí con moderación’. Lo que para vos es moderado, para mí puede ser otra cosa. Las políticas deben ser eficaces y adaptadas a las realidades concretas”.

Y Biasone cerró con una apelación directa a la responsabilidad estatal: “Esta situación es la consecuencia de todo aquello que el Estado no hizo. Tenemos que empezar a tomar decisiones que estén a la altura de lo que necesita la comunidad marplatense”.

“Territorios en disputa” no fue solo una jornada de debate. Fue, sobre todo, una señal de que en Mar del Plata existen profesionales, investigadoras, funcionarios judiciales y colectivos sociales dispuestos a dar pelea por un modelo de cuidado que sustituya la lógica de exclusión y castigo.