Tras la polémica por los reiterados nombramientos en la gestión del intendente Carlos Arroyo, el Concejo Deliberante continuará debatiendo este lunes el proyecto que apunta a prohibir la contratación directa de personal en los últimos seis meses del mandato de gobierno.

Solo durante el último verano casi una decena de nuevos funcionarios fueron designados en diferentes cargos sin anuncios oficiales ni tareas claras, aunque con onerosos sueldos, por el intendente de General Pueyrredon y su gabinete.

A raíz del escándalo, a principios de marzo la concejal Angélica González (Coalición Cívica) elevó un proyecto que propone dejar sin efecto la posibilidad de que tanto en el Ejecutivo como en los entes descentralizados se incorpore personal en el último semestre a la finalización de la gestión.

Esa iniciativa tuvo su primera instancia de tratamiento a mediados de marzo y recién este lunes volverá a ser debatida en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, que se reunirá a las 11.

El expediente había sido evaluado en las comisiones de Legislación y Hacienda hace dos meses, pero a pedido de la concejal Cristina Coria (UCR), regresó a la primera comisión con el anexo de un informe elaborado por el área de Legal y Técnica.

El proyecto impulsado por González se desprende de lo que establece la Ley provincial N°14.984 de responsabilidad fiscal que votó la legislatura bonaerense en 2017. En uno de sus artículos se fija esta limitación para los jefes comunales en los años de vencimiento de mandato y elecciones. Básicamente, sería validar a nivel local lo que ya está aprobado en la Provincia de Buenos Aires en este sentido.

En sintonía con esa normativa, que exceptúa la contratación en circunstancias de extrema necesidad en los últimos seis meses de gestión, el espíritu del proyecto elevado por la concejal de la Coalición Cívica “se asienta en la regla ética que sugiere que la administración que esta finalizando su mandato, sobre todo en el período posterior a las elecciones y con un nuevo gobierno electo que asumirá en pocos meses, no realizará políticas que involucren en sus consecuencias al Gobierno que asumirá la administración“.

El expediente establece la prohibición en las contrataciones directas por parte del Estado municipal, así como de todos los entes que de él dependan, durante el lapso de seis meses anteriores al momento de la finalización del mandato.

Asimismo, aclara que “quedan exceptuados los eventuales nombramientos que resultaren indispensables para el buen desempeño de la administración y debieran necesariamente realizarse con el objeto de cubrir imperiosas necesidades o emergencias en las áreas educativa, sanitaria, de seguridad y/ o cualquier otra que indiquen las circunstancias”.

En tal caso, advierte finalmente el proyecto que deberá discutir el Concejo Deliberante, “los nombramientos a realizar lo serán con carácter provisorio y causas fundadas que serán expresadas en el instrumento administrativo del que surja el nombramiento”.

Austeridad, solo una promesa

A contramano de las promesas de austeridad y de la necesidad de reducir la cantidad de funcionarios como bregaba Carlos Arroyo antes de llegar a la intendencia, el último verano se creó una importante cantidad de nuevos cargos y se designó a cerca de una decena de nuevos funcionarios.

Sin anuncios oficiales ni precisiones en cuanto a las tareas encomendadas a desempeñar, hubo nuevos funcionarios nombrados en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Gobierno, el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), la Secretaría de Educación y también la Secretaría de Hacienda, entre otras áreas.

La polémica motivó una convocatoria del Concejo Deliberante que llevó a Hernán Mourelle, Luis Distéfano y Alejandro Vicente a ser citados por la comisión de Educación para brindar explicaciones, donde sin embargo tampoco quedaron claros los fundamentos de este “festival de nombamientos” que cosechó repudios de todo el arco opositor y también de una parte del propio oficialismo.