El gobierno porteño admitió una serie de medidas inclusivas para facilitar la escolarización de niños con discapacidades.

Tras una acción de amparo iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), juntamente con la UBA, el gobierno de la Ciudad se comprometió a “acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada”.

La solución acordada entre las partes, en el marco de un expediente iniciado en 2019, compromete a la administración local a “orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva”.

Además, establece disponer “canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación” de niños con discapacidad.

El acuerdo, homologado por el Poder Judicial, establece la obligación por parte del gobierno porteño de “implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias”.

En ese contexto, el Gobierno de la Ciudad asumió la obligación de “difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento” y “producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas”.

El acuerdo es consecuencia de una acción de amparo que denunciaba “los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Ciudad”.

El Ministerio de Educación porteño “se comprometió mediante un acuerdo judicial a implementar una serie de medidas para poner fin a estas prácticas discriminatorias”, informó ACIJ.

La normativa vigente obliga al Estado a asegurar el derecho a la educación inclusiva, pese a lo cual “las personas con discapacidad continúan siendo rechazadas en el ingreso a las escuelas comunes, lo que las obliga a asistir a otras escuelas lejanas a sus hogares o a escuelas especiales y, en ocasiones, incluso las condena a la desescolarización”, advirtió la organización.