Se trata del que fuera titular de la comisaría 12a. en 2019 y dos subordinados. También hay dos civiles implicados. Todos ellos, para la Justicia, inventaron un robo para allanar una casa donde sabían que había droga. Y se quedaron con una parte del cargamento.
Tres policías, entre ellos el entonces jefe de la comisaría decimosegunda de Mar del Plata, y dos civiles deberán enfrentar un juicio acusados de inventar un robo, falsear las denuncias y allanar una vivienda donde sabían que había un cargamento de marihuana. ¿El objetivo?: robarse más de 10 kilogramos de la droga.
El juez de garantías Saúl Errandonea hizo lugar al pedido del fiscal Leandro Favaro de resolver esta cuestión en un debate oral y público a raíz de lo complejo de la acusación y el intricado andamiaje de relaciones que permitieron reconstruir, al menos en esta etapa, el plan criminal.
El hecho ocurrió en mayo de 2019 cuando personal de la comisaría 12 allanó una vivienda del barrio 2 de Abril en el marco de una denuncia presentada horas antes por el robo de un teléfono. Una veloz investigación posibilitó que los policías averiguaran -gracias a la tecnología de rastreo satelital- ese domicilio como el sitio en el que supuestamente estaba ese teléfono robado.
Una vez dentro de la casa, por orden judicial, los policías secuestraron 7,9 kilogramos de marihuana compactada, aunque el teléfono jamás apareció. Extraño hubiera sido que el aparato estuviera ya que no existía, era todo un invento.
La consecuencia de esta causa no solo tiene impacto en la elevación a juicio de los tres policías y los dos civiles (uno “víctima” del “robo” y otro “testigo” del “procedimiento”) sino también en el expediente que mantiene detenido hace dos años al dueño de la casa por contrabando de drogas. Trascendió que la Justicia Federal deberá declarar la nulidad de todo lo actuado, naturalmente, y no tendrá otro camino que sobreseer al contrabandista.
La planificación
Para la Justicia, los principales integrantes de la comisaría 12a. en el año 2019 están involucrados en el plan y por eso irán a juicio. Se trata del entonces comisario Gustavo Ruiz, el sargento José María Saez y el oficial Camilo Alvareda, quienes se habrían combinado para armar una causa que permitiera allanar una casa del barrio 2 de Abril donde tenían la información de la existencia de un cargamento de casi 20 kilogramos de marihuana.
Para ello una mujer policía tomó en la mañana del 10 de mayo de esa año la denuncia de Alexis Franco, un joven del barrio Jorge Newbery que aseguraba que el día anterior le habían robado la documentación de un automóvil, su DNI y un teléfono celular. Esa joven policía, Roxana Cisneros, en un principio también fue imputada pero ahora quedó sobreseida por establecerse que no tuvo nada que ver en la maniobra.
Lo concreto es que con ese dato comenzó una extraña investigación que incluyó, por ejemplo, que el oficial Sáez tomara una captura de pantalla del rastreo satelital del teléfono robado señalando la casa donde estaba la droga. Lo inverosímil es que esa captura de pantalla se realizó una hora antes de que Franco denunciara el hecho.
La información agregada a la causa acabó en un pedido de allanamiento que la fiscalía interviniente no dudó en aceptar y que el propio juez de garantías autorizó, sin sospechar que todo lo allí acumulado era falso.
Por la tarde, apenas unas horas después de denunciado el robo, el mismo personal de la comisaría segunda allanó la vivienda de un hombre que se dedicaba a transportar marihuana a Necochea y que se había quedado, casi fortuitamente, con un cargamento de 20 kilogramos. Lo que se investigó luego, gracias el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, es que la policía estaba al tanto de la presencia de la droga en esa vivienda del barrio 2 de Abril.
Para el juez Errandonea, los vínculos personales y los lazos entre policías y civiles para obtener esa información son complejos y deberán confirmarse en un debate, pero que existe una sólida presunción de ser ciertos. En el marco de un escenario de indicios el juez advirtió algunas irregularidades flagrantes en el procedimiento que dieron lugar al “armado” del hallazgo de una parte y no del total de la droga en la casa.
Por lo pronto se determinó que los policías ajenos a la comisaría 12a. que participaron del allanamiento fueron “invitados” a salir de la casa y uno de ellos declaró que jamás vio la droga que luego apareció en una fotografía. Esa droga eran panes de marihuana para un total de casi 8 kilogramos. La investigación realizada sobre el dueño de casa asegura que tenía ese día 20 kilogramos.
Y otro punto que fortalece la hipótesis acusatoria es que usaron de testigo de procedimiento a un pariente de Franco, a Ceferino Peña.
El juez Errandonea valoró la información surgida de dos fotografías: en una se ve al personal policial ajeno a la comisaría 12 en la puerta de la casa y en la otra se ve la droga secuestrada y exhibida en el patio. La iluminación natural es diferente, lo que revela un “salto en el tiempo”, injustificable.
En la Justicia Federal
Cuando los policías allanaron mediante ese ardid la casa no tuvieron en cuenta que al secuestrar el teléfono del dueño iban a estar entregando un tesoro probatorio que los incriminaría.
El juez Santiago Inchausti tomó intervención y solicitó la inspección de ese aparato. Un trabajo a fondo del CATI (Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción) descubrió que el detenido por el hallazgo de la droga se dedicaba al contrabando. En realidad, era chofer de un distribuidor al que no se pudo llegar en la investigación. Sin embargo, reveló que ese día tenía cerca de 20 kilogramos de marihuana y no 8, como dijeron los policías.
El dueño de casa, cuya identidad se mantiene en reserva, quedó acusado del contrabando de estupefacientes y se encuentra preso desde mayo de 2019. Por estos días se evalúa la concesión de un arresto domiciliario. Su caso ya fue elevado a juicio por el juez Inchausti pero todo estaba sujeto al avance de la causa en la justicia provincial.
Ahora, con la consolidación de la hipótesis del presunto armado de la causa que derivó en el allanamiento de la casa, la Justicia Federal deberá evaluar la situación del acusado y es probable que, tarde o temprano, se resuelva que todo es nulo. Y que tendrá que dictar el sobreseimiento.
Esto sucederá una vez se celebre el juicio contra los tres policías y los dos civiles, lo cual podría darse recién a fines del año que viene en el más optimistas de los casos.