WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a los consulados estadounidenses que denieguen visados de entrada al país a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que no puedan pagar por su salud, según anunció la Casa Blanca.

Se trata de la última medida que promueve Trump dentro de su estrategia para reducir tanto la inmigración irregular como la legal.

En una proclamación, el presidente ordenó a los funcionarios consulares que denieguen visados a no ser que los solicitantes demuestren que tienen “los recursos financieros para pagar los costos médicos” mientras estén en Estados Unidos o que “estarán cubiertos por un seguro médico aprobado”.

La medida debe entrar en vigor a partir del próximo 3 de noviembre.

“Si bien nuestro sistema de atención médica enfrenta los desafíos causados por la atención médica no pagada, el Gobierno de Estados Unidos está agravando el problema al admitir a miles de extranjeros que no han demostrado capacidad alguna para costear sus gastos médicos”, afirmó Trump en la proclamación.

Para probar su tesis, el presidente, defendió que “los datos muestran que los inmigrantes legales tienen una probabilidad tres veces mayor que los ciudadanos de Estados Unidos de carecer de seguro médico”.

“Los inmigrantes que ingresan a este país no deberían ser una carga para nuestro sistema de salud y, en consecuencia, para los contribuyentes estadounidenses”, concluyó.

Además de las variadas estrategias para reducir la inmigración irregular en la frontera con México, el Gobierno de Trump también está poniendo el foco en reducir la migración legal.

El pasado 12 de agosto, el Gobierno presentó un reglamento que permitirá rechazar permisos de residencia permanente en Estados Unidos a los inmigrantes legales que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.

Bajo esta nueva normativa, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, ayuda a la vivienda o programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos.