Se reabrió el debate sobre eventuales iniciativas para ilegalizar a la segunda fuerza política de Alemania. AfD exigió al servicio secreto alemán corregir su clasificación del partido.
BERLIN, Alemania.- Un 48 % de los alemanes está a favor de prohibir al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), después de que el servicio de inteligencia interior lo clasificara de extremista, lo que reabrió el debate sobre eventuales iniciativas para ilegalizar a la que es ahora la segunda fuerza del país.
Según una encuesta del instituto de estudios de opinión Insa para el medio ‘Bild am Sonntag’, frente a ese porcentaje del 48 %, el 37 % está en contra de una prohibición.
Insa encuestó a 1.001 personas entre el 2 y el 3 de mayo, es decir, cuando se supo que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) considera de caso confirmado de extremismo de derecha a AfD por sus planteamientos “incompatibles con el orden constitucional”.
La encuesta revela que una clara mayoría de los encuestados, el 61 %, considera que la AfD es un partido de extrema derecha, frente al 31 % que no lo cree así.
En las elecciones generales de febrero pasado el partido logró un 20,8 % de los votos, solo por detrás de los conservadores.
Sin embargo, las opiniones difieren sobre la utilidad de un eventual proceso de prohibición, que solo puede ser iniciado por el Gobierno, la Cámara Baja del Parlamento y la Cámara Alta, y decidido en última instancia por el Tribunal Constitucional.
En tales procedimientos, habría que demostrar que la AfD está actuando de forma “agresiva y combativa” contra la Constitución.
El 35 % de los encuestados cree que una prohibición de la AfD ayudaría a la democracia, mientras que el 39 % opina que la perjudicaría.
El que será a partir del martes próximo vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, señaló en una entrevista a ‘Bild’ que la clasificación de la BfV demuestra que AfD “no es una alternativa”, sino un “ataque a Alemania”, pero consideró que un eventual proceso de prohibición no puede sustituir a la lucha política contra el partido.
“Lo que no creo es que un posible procedimiento de prohibición, que podría llevar años, en el que el resultado también puede ser incierto, sea la única manera de derrotar a la AfD”, argumentó.
“Tenemos que hacer un esfuerzo político para que la vida cotidiana vuelva a funcionar mejor, que el autobús llegue a su hora, que el tren llegue a su hora, que la carretera sea segura, que el puente sea seguro, que la guardería esté bien equipada, que la sanidad en las zonas rurales funcione”, señaló Klingbeil.
El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), clasificado como grupo extremista de derecha por la Oficina Federal de Protección de la Constitución, exigió a esta agencia germana que corrija públicamente la categorización hasta el lunes.
En una carta de advertencia de 48 páginas del bufete de abogados Höcker, se pide a la Oficina Federal de Protección de la Constitución que declare que la clasificación anunciada el pasado viernes y la divulgación de la misma “eran ilegales”, según la misiva publicada este domingo por AfD.
De no producirse esta declaración, los abogados recomendarán a AfD acudir con otras acciones judiciales urgentes al Tribunal Administrativo de Colonia.
Los servicios secretos internos de Alemania consideran el partido de extrema derecha por sus planteamientos “incompatibles con el orden constitucional”.
Concretamente se reprocha a la segunda fuerza política del país tener una “concepción étnica basada en la ascendencia” que deriva en “agitación contra determinadas personas o grupos de personas”, especialmente contra las minorías.
El despacho de abogados recalca sin embargo que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución no ha aportado ninguna prueba de la categorización en su declaración hecha pública el viernes pasada.
El informe completo consta de más de mil páginas que no se han hecho público.
El partido afirma que se compromete expresamente con el concepto de pueblo del artículo 116 de la Ley Fundamental y que “no hay agitación xenófoba o islamófoba por parte de AfD”, que defiende que critica “fenómenos sociales concretos”, como “la inmigración irregular, el abuso de la asistencia social o los incidentes de violencia” y la respuesta “inadecuada” de la política a estos “preocupantes acontecimientos”.
Todo ello, arguye, está amparado en todos los sentidos por la libertad de expresión.
También indica que “no hay pruebas de una ‘postura activamente combativa’ por parte de AfD o de una “manifestación” para eliminar el orden básico libre y democrático”.
EFE.