El 8 de julio de 2025 finalizó el período de facultades delegadas que el Congreso otorgó al presidente Javier Milei mediante la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) y que habilitó una reestructuración estatal con escasos avances en materia de privatizaciones.

Según el Gobierno, durante ese lapso se ejecutaron 101 medidas de desregulación y transformación, que incluyeron la disolución de organismos como Vialidad Nacional, la CNRT, el INADI, y reestructuraciones en entes como el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. El ministro Federico Sturzenegger describió el proceso como una “cirugía” para corregir un Estado “desbordado, duplicado e ineficiente”.

Entre los cambios destacados también se cuentan la unificación del ENRE y ENARGAS en el nuevo ente Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y la eliminación de más de 30 fondos fiduciarios, como el PRO.CRE.AR y el FONDEP. El Gobierno estimó un ahorro fiscal de más de USD 2.000 millones gracias a estas reformas.

En paralelo, el decreto 70/2023 había permitido otras 672 reformas, entre ellas la digitalización de cédulas, cambios en la ley de alquileres y cielos abiertos, y el cierre progresivo de registros automotores.

En cuanto al empleo público, Sturzenegger indicó que fueron desvinculados más de 50 mil trabajadores estatales, destacándose bajas en empresas como Trenes Argentinos, ARCA y el Correo.

En el plano laboral, la justicia impuso límites al DNU 70, pero la Ley Bases permitió avanzar en temas como la extensión del período de prueba, la creación del fondo de cese laboral y la regularización del empleo no registrado.

No obstante, el capítulo de privatizaciones quedó rezagado. A pesar de la inclusión de empresas como ENARSA, Intercargo, AySA y Trenes en el listado de firmas sujetas a privatización, los avances fueron mínimos. Solo Intercargo fue autorizada a través del Decreto 198/2025, y se permitió a ENARSA vender acciones en CITELEC S.A. También se transformó YCRT en sociedad anónima para facilitar la participación privada.

El proceso de privatización ferroviaria dio apenas sus primeros pasos con Belgrano Cargas, sin licitaciones concluidas ni definiciones claras para SOFSE. La eliminación de servicios de pasajeros en el interior fue fuertemente resistida.

“La privatización no es regalar activos, es crear condiciones para eficiencia y alivio fiscal”, sostuvo Sturzenegger, quien atribuyó la falta de resultados a la resistencia interna y a la “ausencia de condiciones de mercado”.

Desde el oficialismo defienden lo hecho como un “uso constitucional, acotado y transformador” de las facultades, y remarcan que, a diferencia del kirchnerismo, las reformas se hicieron con mandato legislativo.

Con el fin del período especial, cualquier nueva reforma deberá pasar por el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. Entre los desafíos futuros figura la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que aún requiere adhesión provincial.

“La Argentina no puede seguir con un Estado del siglo XX en un país del siglo XXI”, afirmó Milei, quien calificó a su programa no como un ajuste, sino como una “decisión moral”.