El oficialismo detectó diferencias con los bloques dialoguistas por la edad de imputabilidad y anunció el envío de una versión corregida.
El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que había enviado al Congreso de la Nación. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas y responde a diferencias internas y políticas en torno a la edad de imputabilidad.
Uno de los puntos centrales que motivó el repliegue fue la inclusión, en el dictamen remitido, de la fijación de la edad imputable en 13 años. Ese criterio no contaba con el aval de los bloques aliados, que habían consensuado establecerla en 14 años, tal como figuraba en el texto discutido durante 2025.
Desde el oficialismo anticiparon que en las próximas horas el Poder Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados una nueva versión del proyecto. Según explicaron, la decisión apunta a “mostrar buena voluntad” y retomar el diálogo con los sectores legislativos que acompañan la iniciativa.
El texto retirado era, en líneas generales, similar al que había obtenido dictamen en mayo del año pasado. La principal diferencia radicaba en la incorporación explícita de partidas presupuestarias para garantizar la implementación de la norma. En esta versión, el Gobierno asignó más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia.
En el proyecto original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, un punto que había generado reparos en la oposición y advertencias sobre la posibilidad de que la ley no se aplicara en la práctica.
Más allá de la corrección anunciada, el eje del debate seguirá siendo la reducción de la edad de imputabilidad. El proyecto presentado proponía bajarla de 16 a 14 años, en línea con el dictamen previo, aunque la referencia a los 13 años en el articulado encendió alertas y precipitó la decisión de retirarlo.