Un fiscal federal imputó al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, y pidió investigar si hubo delito en la creación de la Inspección General de Justicia porteña.

Se trata del fiscal Franco Picardi, quien pidió abrir una investigación en base a una denuncia presentada por Ernesto Tricarico, del Centro de Estudios para la Transparencia, informaron fuentes judiciales.

En la denuncia, que investigará el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, se advirtió que la creación de la IGJ local implicaría “un claro retroceso en la seguridad jurídica de los habitantes de esta ciudad”.

El fiscal remarcó que, en la denuncia, se sostiene que el nuevo registro de la Ciudad regularía las “off shore” y que se daría la posibilidad de elegir el sistema “más ventajoso” cuando la IGJ a nivel nacional “incrementó los controles sobre esta clase de sociedades”.

“Con la excusa de otorgar mayor agilidad a los trámites societarios, se prevé la derogación del régimen informativo que deben brindar las sociedades constituidas en el extranjero o la eliminación del requisito de la pluralidad sustancial de socios que son verdaderos pilares para evitar fundamentalmente el fraude empresario”, continuó la denuncia que impulsó el fiscal.

Además de a Rodríguez Larreta y Ocampo, se investigará al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y al designado director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, Hernán Najenson.

La denuncia aludió al decreto 195/16 firmado el 7 de marzo último, que designó como director a Najenson “en contraposición a normas vigentes” porque había una medida cautelar que frenaba la creación de la IGJ porteña.