Porque profanar una tumba no es delito. Tampoco mutilar o destruir un cadáver. Ni arrojarlo en una ruta. Es apenas una contravención, similar a la que comete aquel que promueve el juego de la “tapadita” en la peatonal San Martín. Por todo eso, el conmocionante caso ocurrido hace un mes, aquel en el que los restos de un bebé resultaron vejados tras sustraerlos del cementerio de Otamendi, solo podrán ser juzgados como una falta menor.

Hace un mes el país se sobresaltaba ante el hallazgo del cuerpo de un niño con sus extremidades mutiladas y sin órganos, a un costado de la ruta 11, entre Mar del Sud y Miramar.

El estupor se apropió de cada uno que se imaginaba un horroroso crimen y la fiscal del caso, Ana Caro, comenzó a investigarlo sin descartar ninguna hipótesis. El homicidio, el ritual satánico, la fantasiosa posibilidad del tráfico de órganos… Cuando con el correr de las horas la ciencia estableció que el cadáver ya había sido sometido a una autopsia no cedió el asombro, por el contrario la intriga disparó el repudio: quién podía ser capaz de haber robado un cadáver de un niño.

Una investigación minuciosa estableció que el cuerpo pertenecía a Valentino Fernández Tejerina (2), fallecido el 10 de marzo al atragantarse con un globo de agua mientras jugaba en la quinta de El Boquerón donde vivía con sus padres. Su tumba en el cementerio de Otamendi había sido profanada entre el 13 y el 21, fechas de la sepultura y el hallazgo del cuerpo.

Un mes después solo queda una causa judicial por falso testimonio al encargado del cementerio de Otamendi, Juan Carlos López, quien aseguró en una primera declaración que la tumba del pequeño estaba normal y nadie la había alterado. Esos dichos fueron cuando no se sabía aún a quién pertenecía el cadáver. Tras conocerse la identidad y que había sido enterrado allí, la fiscal Caro le imputó el falso testimonio y lo detuvo, aunque días después la Justicia de Garantías lo liberó.

También fue imputado de encubrimiento, al igual que el dueño de la casa velatoria que realizó el servicio fúnebre, Juan Della Santina. Sin embargo, la investigación penal no pudo determinar que el robo del cadáver tuviera como fin el cobro de una recompensa. Es que el artículo 171 del Código Penal indica que “sufrirá prisión de dos a seis años, el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución”. Al no existir una extorsión en búsqueda de un “rescate” no hay delito y al no haber delito no hay encubrimiento.

Frente a esta evolución de la causa, la imputación contra Della Santina y contra López por encubrimiento desaparecerá. Este sobreseimiento será pedido próximamente por la fiscal Caro, que solo continuará con la causa contra López por falso testimonio.

Contravención

La jueza de paz del partido de General Alvarado es Florencia Hogan, esposa del actual intendente Germán Di Césare y hermana del ex titular del ejecutivo, Patricio.

Hogan será la encargada de proseguir con el desafío de establecer responsabilidades respecto a la profanación de la tumba en el cementerio de Comandante Nicanor Otamendi.

El decreto Ley 8031 del año 1973, en su artículo 64 (modificado por el decreto Ley 9321/79), es la que tipifica la contravención para quienes sustrajere un cadáver o sus cenizas, mutilare o destruyere un cadáver sin la correspondiente autorización o profanare un cadáver.

En es normativa deberá trabajar para esclarecer lo sucedido aunque con un horizonte de sanción ínfimo en relación al daño causado. “Será sancionado con multa entre el cincuenta (50) y el cien (100) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y arresto de hasta noventa (90) días. El monto de dinero es apenas superior a los 9.000 pesos.

La historia tendrá alguna vez un final. Los padres de Valentino intentaron cerrar la suya, la dolorosa, la inicial, la profunda, con la cremación del cuerpo del pequeño. La Justicia buscará compensarlos al menos con el respeto por haber hecho lo posible.