Uno de los médicos detenidos por la megacausa que investiga irregularidades en la tramitación de jubilación por discapacidad que habría significado un fraude al Estado por al menos 100 millones de pesos acordó con la Justicia Federal y se trata del primer “arrepentido” en Mar del Plata.

El médico José Fati, quien se mantuvo prófugo durante meses hasta que fue detenido en enero de este año, reconoció haber firmado de manera irregular certificados de discapacidad mientras se desempeñaba en el Hospital Interzonal para que estos luego fueran utilizados por los miembors del estudio jurídico Organización Previsional SRL para que pudieran tramitar jubilaciones en Anses.

Fuentes judiciales consultadas por LA CAPITAL, explicaron que Fati admitió que recibía dinero por parte de los miembros del estudio jurídico para elevar los porcentajes de discapacidad de las personas y así pudieran calificar para obtener beneficios previsionales.

Fati realizó un acuerdo con el fiscal federal Nicolás Czizik y se comprometió a aportar información relevante para la causa. Estos datos aportados por el médico precesado, al ser de utilidad para la causa y para rebustecer la hipótesis del fiscal, le valió a Fati ser considerado como “arrepentido”.

Así se convirtió en el primer “arrepentido” de la Justicia Federal en Mar del Plata y, por sus aportes a la investigación tal como lo dicta la ley ingresó al programo de protección al testigo.

Si bien Fati continúa procesado, fue excarcelado y, eventualmente en el juicio, si hubiese una condena contra él sería reducida por su colaboración en la investigación.

Fati estuvo prófugo desde el 11 de octubre de 2018 hasta que fue detenido el 10 de enero de este año, por personal de Prefectura Naval que logró arrestarlo en un departamento de 14 de Julio y Rivadavia.

El médico está acusado de formar parte de la red de corrupción y estafa enquistada en el mundo previsional, con la activa participación de un estudio de abogados, médicos y demás gestores. Según la acusación de la fiscalía federal, Fati, mientras cumplía tareas en el Hospital Interzonal firmaba certificados de discapacidad para las personas que tramitaban sus jubilaciones con los otros imputados.

Por otra parte, paralelamente a los aportes de Fati se han registrados nuevas denuncias que amplían aún más el entremado de corrupción y fraude realizado por los principales sospechosos, los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL, los abogados Rubén David Cagni, Conrado Suárez, Luis Miguel Iros y el asesor Roberto Luis Balbuena.

Procesados abogados, médicos,
contadores y empleados de Afip

Además de Cagni, Suárez, Iros y Balbuena, también se encuentran procesados dos médicos Daniel Fernández, quien se encuentra con arresto domiciliario, y José Ricardo Caliyuri, el perito Norberto Coehlo y la contadora Daniela Livi.

Además está procesado el perito Norberto Coehlo, la contadora Daniela Livi y dos personas que cobraban las jubilaciones por discapacidad tramitadas de manera irregular.

En diciembre, los investigadores llegaron a individualizar a dos funcionarios de Afip, a quienes acusaron de haber sido quienes entregaban las claves fiscales para poder generar la estafa al Estado.

Ambos empleados de Afip están procesados y uno sigue detenido desde diciembre del año pasado.

De acuerdo a los investigadores, el rol de los funcionaros de Afip resultaba clave para la consumación de las maniobras desarrolladas: era necesaria la modificación en los registros de AFIP de ciertos datos respecto de los presuntos empleadores, para la posterior carga de declaraciones juradas que acrediten relaciones laborales falsas. Una vez realizados estos cambios, “se iniciaba la cadena de actos realizados por la organización delictual investigada, en la que cada miembro desempañaba un rol específico, en pos de conseguir beneficios previsionales para distintos beneficiarios, lo cual redundó en un perjuicio patrimonial millonario para el Estado argentino”.

Las maniobras

En la totalidad de los casos se constató una misma metodología para defraudar las arcas del Estado: un determinado beneficiario inicia el trámite ante la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Mar del Plata, bajo el patrocinio de alguno de los integrantes del estudio jurídico Organización Previsional SRL.

Con el fin de obtener y reunir los requisitos exigidos por ley, se falseaban relaciones laborales, con empleadores inexistentes en muchos casos. A su vez, el beneficiario aducía alguna patología –para ello contaban con certificados de los médicos procesados-, por lo que eran evaluados por personal de la Comisión Médica 12, donde se le otorgaba un determinado porcentaje de incapacidad que no llegaba a ser, en la mayoría de los casos, el que la ley exige para habilitar la concesión de la pensión.

Por lo tanto, apelaban ese dictamen ante la Comisión Médica Central, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que dictaminaba un porcentaje de incapacidad que tampoco alcanzaba para otorgar el beneficio. De esta manera, tomaba intervención la Cámara Federal de Seguridad Social que, previo a resolver, solicitaba vía exhorto a los Juzgados Federales Civiles de esta ciudad que el beneficiario sea visto por un perito médico oficial o de un centro médico público. Para que puedan intervenir los profesionales implicados, la organización delictiva fijaría el domicilio de los beneficiarios en Mar del Plata.

El rol de
los médicos

En particular, la intervención de los médicos procesados dentro del aparato delictivo montado consistía en su participación en los trámites de RTI.

Pudo comprobarse que los miembros del estudio jurídico investigado derivaban a los clientes al consultorio médico de uno de los imputados, a los fines de que extendiera un certificado médico, historia clínica o un resumen para acreditar su incapacidad física/ psíquica. Luego, se presentaban estos certificados o dictámenes ante la Comisión Médica Nº12, con el fin de tramitar un RTI.

En forma similar, el otro médico que tiene la especialidad de psiquiatría realizaba exámenes a los clientes del estudio y extendía certificados médicos con la patología “Reacción Vivencial anormal Grado III”, entre otras, lo cual no se reflejaría con la realidad psiquiátrica del paciente, a los fines de obtener un beneficio de retiro transitorio por invalidez.