El presidente de la asociación de fomento del barrio Fortunato de la Plaza, Matías Méndez, se encadenó este jueves a la Banca 25 e interrumpió la sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Pese a los pedidos de la titular del cuerpo, Marina Sánchez Herrero, para que deponga su actitud, el vecinalista permaneció en la banca luego de exponer sobre la controvertida cesión de tierras que estaban destinadas a educación para construir viviendas en su barrio a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la agrupación que lidera a nivel nacional Juan Grabois.

“Se cedieron mal los terrenos”, dijo Méndez, y responsabilizó por lo ocurrido a la presidenta del Consejo Escolar, Natalia Russo. “Ella es la que tendría que estar dando explicaciones”, lanzó.

“Nos encontramos discutiendo vecinos con vecinos por una cesión de tierras que eran de educación. Me indigna como vecinalista, como referente barrial, que esté pasando esto con la educación”, afirmó.

El fomentista consideró que el MTE “no tiene la culpa” de lo que ocurrió y consideró que es “víctima de una maniobra fraudulenta”.

Apenas terminó su exposición, sacó una cadena y se ató a la banca. “De acá no nos vamos sin una respuesta”, dijo. Concejales del oficialismo local le pidieron que se desatara y dejara su lugar a otros vecinos que debían hacer uso de la Banca 25.

Incluso la presidenta de la Comisión de Obras, Angélica González (Coalición Cívica), le comentó que el tema fue considerado sobre tablas en la última reunión y que se decidió invitar a los autores del reclamo, entre ellos Méndez, al encuentro del martes 26.  Pero el vecinalista se mantuvo en el lugar, pidió la renuncia de Russo “porque es ilegal lo que hizo” y obligó al Concejo a ir a un cuarto intermedio.

Más de una hora después, Méndez se desencadenó y la sesión se reanudó.

El contexto

El 26 de abril, en la sesión ordinaria del Consejo Escolar, Russo informó que se había firmado “de manera informal” la cesión de tierras linderas a la escuela secundaria 19 a la Nación, mientras que el 19 de mayo los vecinos denunciaron públicamente una actitud de “atropello y ocupación”.

En el centro de la polémica aparece un convenio entre la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia y la Secretaría de Integración Socio Urbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Esta semana, la diputada provincial marplatense Johanna Panebianco (Juntos por el Cambio) impulsó un pedido en la Legislatura bonaerense para que la DGCyE informe por qué desafectó un predio de Mar del Plata del destino educativo que tenía.

Especificó que, según la donación que en 1894 hizo la familia Peralta Ramos, allí debían construirse “colegios municipales”.

El predio en cuestión está delimitado por las calles Fortunato de la Plaza, Camusso, Arana y Goiri y De los Inmigrantes. Panebianco cita textualmente el acta de donación y recuerda que, “gracias a esta acción filantrópica”, se pudieron construir la escuela primaria N° 50, la secundaria N° 19 y el jardín de infantes N° 922. “Sin embargo, en los últimos meses la comunidad marplatense se ha encontrado con una situación que a todas luces se presume irregular respecto al destino primigenio de estos terrenos”, advierte.

A su entender, “es de suma preocupación” que el Estado “desestime unilateralmente” el destino de la donación y convalide “la toma de tierras por parte de organizaciones afines al Gobierno”.