Por Fernando del Rio

Esta semana, el fiscal Leandro Arévalo solicitó la prisión preventiva para Lucía Magalí Ojea (25), la joven embarazada que mató de un disparó a un hombre a fines del año pasado tras sorprenderlo en el interior de su precaria vivienda del barrio Santa Rita.

La historia que subyace debajo de ese crimen es el de la violencia barrial bañada por la venta de drogas a baja escala y a una familia que en este caso terminó con uno de sus miembros en prisión, pero que tiempo atrás estuvo del otro lado: la madre de Ojea fue asesinada mientras cumplía arresto domiciliario.

Ojea permanece por estas horas alojada en el Destacamento Femenino, cursa aún su embarazo y tiene una herida de bala en una mano. Su abogado pidió que la liberen por falta de mérito e incluso hace referencia a un episodio de legítima defensa. Sin embargo para el fiscal Arévalo no hubo ninguna agresión previa que justificara la reacción de Ojea, quien realizó al menos dos disparos contra Julio Villarreal (42), un convicto que se había evadido tiempo atrás de la cárcel de Batán.

El contexto en el que en la noche del 26 de diciembre último se produjo el asesinato de Villarreal es el que está en discusión. Por un lado, algunos testigos aseguran que en el domicilio de Ortiz de Zárate al 8000, donde residían Ojea y su hermana, se comercializaban estupefacientes. Que este era un dato absolutamente conocido en el barrio y que se vinculaba con la historia familiar de Ojea.

Lo que sucedió dentro del terreno de la precaria casa no se sabe con precisión solo su confirma que Villarreal terminó asesinado de tres disparos, uno que ingresó por el pecho y fue fatal, otro que ingresó por la cadera izquierda y otro que afectó su zona genital. Pero además Villarreal presentaba una herida causada por un cuchillo en la cabeza.

Frente a esta situación el fiscal Arévalo no descarta la participación de una tercera persona en el ataque a Villarreal y no solo menciona el enfrentamiento a tiros. Vale recordar que la joven embarazada tenía una herida de arma de fuego en un brazo.

El juez de garantías Gabriel Bombini deberá resolver si adhiere a la hipótesis acusatoria de un homicidio agravado por el uso de arma o a la posición del defensor Mauricio Varela, quien pide el sobreseimiento por falta de mérito.

Aquel otro asesinato

Lucía Ojea tenía 20 años cuando perdió a su madre. María Asunción Pinna (53) era ella y el 13 de agosto de 2018 estaba en otra vivienda de la misma cuadra, allí en Ortíz de Zárate al 8000. La mujer cumplía arresto domiciliario en el marco de una condena por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” tras haber sido detenida en septiembre de 2015 con más de un kilogramo de marihuana.

Pinna estaba en la casa cuando se acercaron dos jóvenes en motocicleta y uno de ellos llamó a la puerta. La mujer se asomó y recibió al menos dos disparos, uno de ellos en el rostro y otro en el tórax.

Otra de las hijas de Pinna declaró que había sido un intento de robo, versión similar a la que ahora algunos familiares de Lucía Ojea dieron en torno al crimen de Villarreal. Pero el fiscal de aquel caso resultó ser, casualmente, Arévalo, quien no se apartó de la hipótesis del “ajuste de cuentas”.

Pinna estuvo internada en el HIGA desde el 13 de agosto hasta el 1 de septiembre, cuando se confirmó su fallecimiento. Un joven se entregó días después y admitió haber sido el autor de los disparos contra la mujer.

Lucía Ojea espera por estas horas la decisión de la Justicia de Garantías para saber si seguirá presa, si será sobreseída o si le permitirán seguir el proceso alojada en su vivienda del barrio Santa Rita.