Policiales

Una familia irá a juicio oral por trata de personas con fines de prostitución

Así lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Durante la causa se logró acreditar que en el barrio de La Perla nueve mujeres eran sometidas por un matrimonio y su hijo, quienes se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad.

Una familia compuesta por una pareja y su hijo irá a juicio oral por someter a la prostitución a nueve mujeres en propiedades del barrio La Perla.

El juez federal Santiago Inchausti dispuso el pasado 19 de abril la elevación a juicio de una causa donde se investiga el delito de “trata de personas” con fines de explotación sexual, con relación a víctimas oriundas de Argentina y Paraguay, y en clara situación de vulnerabilidad social.

Durante la instrucción logró acreditarse que una propiedad de España al 900 de Mar del Plata funcionaba un bar y wiskería, donde se comprobó el funcionamiento de un prostíbulo conocido como “La Casita Verde”. Allí, las mujeres resultaban sometidas al ejercicio de la prostitución.

Los imputados cuyas situaciones fueron elevadas a juicio oral eran los dueños y encargados de los lugares investigados y quienes coordinaban las actividades que en los mismos se llevaban a cabo.

Según la causa, estaban a cargo de “La Casita Verde”, como era conocida el lugar. También se investigó a los acusados por regentear el “Bar Azzero” y “El Hotel”, sito en Chacabuco 3800.

Los imputados son Roberto Raúl Castro, su esposa Rosa Perla, y el hijo de ambos, Horacio Darío Gutiérrez Castro, quien tenía a su cargo la seguridad del lugar.

De acuerdo al testimonio de las víctimas, la familia les retenía el 50 por ciento de sus ganancias a cambio del uso del inmueble.

Además, quienes vivían en el lugar desde 2008 -cuando comenzó la investigación judicial-, debían abonar una suma en concepto de alquiler de la habitación. En tanto que algunas de las mujeres rescatadas señalaron que les cobraban $10 diarios en concepto de limpieza y por los avisos publicitarios, debiendo cada una de las mujeres llevar preservativos y papel absorbente.

Otras refirieron abonar $5, y entre 7 y 8 mensuales, por el servicio de televisión por cable.

Conforme lo especificó el juez Inchausti, el sometimiento era extremo, debido a que varias de las víctimas carecían de educación formal y se hallaban en clara situación de vulnerabilidad económica y social.

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