En el marco de los cuestionamientos a la Justicia Provincial por la ausencia de debates orales desde que inició la pandemia, los abogados particulares se muestran preocupados, ya que en muchos casos dependen de que esos procesos se concreten para cobrar sus honorarios.

Mauricio Varela es el abogado que representaba a Octavio Sosa; fue quien le comunicó que su juicio se postergaría un día antes de que el imputado por “tentativa de homicidio” decidiera suicidarse. “Lo que pasó es gravísimo. No es que todos los juicios que se suspendan terminarán así, con un suicidio, pero esto puede traer consecuencias muy graves a gran escala”, reflexionó.

“Estamos en una situación de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar con la pandemia. Existen protocolos, pero siempre termina faltando algo. El año pasado dijeron que se iban a armar los protocolos para celebrar los debates, y nada de eso sucedió”, dijo Varela y agregó: “El poder Judicial tiene todos los recursos para articular los medios que sean necesarias para que se puedan celebrar los debates”.

Para el abogado particular “es muy grave que una persona esté privada de la libertad sin saber cuál será su futuro, sin tener idea de qué le va a pasar. Es muy grave que no pueda ejercer su derecho a defensa”. Varela apunta directamente a ese aspecto: una garantía constitucional, como el derecho a la defensa, vulnerada.

“Hay una garantía suspendida. De alguna manera, está suspendida una parte de la Constitución. Ya llevamos casi un año de pandemia, el Estado tiene que impulsar la manera de que se puedan hacer los juicios”, concluyó.