La Justicia investiga al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, por la realización de al menos 72 viajes al exterior entre 2017 y 2025, en su mayoría a bordo de vuelos privados de alta gama, con un costo estimado que supera los US$ 7 millones.

La pesquisa apunta a determinar el origen de los fondos utilizados para solventar traslados que promedian los US$ 150.000 por vuelo. De acuerdo con los registros incorporados al expediente, de los 150 tramos relevados, el 71% se realizó en aeronaves ejecutivas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la investigación también examina los vínculos del dirigente con Javier Faroni, señalado como agente recaudador de la AFA. Su empresa, TourProdEnter, se encuentra bajo la lupa judicial por presunto lavado de dinero y el desvío de unos US$ 42 millones hacia sociedades fantasma vinculadas al entorno del tesorero.

Los registros migratorios indican que los destinos más frecuentes fueron Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Entre las aeronaves utilizadas figuran modelos de alta gama como el Gulfstream G450, empleado durante el Mundial de Qatar 2022, y un Bombardier Learjet 60XR perteneciente a Listra 200 SA, firma asociada a Faroni. Además, la empresa Flyzar registró 18 traslados del dirigente, mientras que se detectaron unos 60 vuelos en helicóptero hacia una propiedad ubicada en Pilar.

Esa residencia, valuada en alrededor de US$ 17 millones, constituye otro eje central de la causa que instruye el juez federal Marcelo Aguinsky. El magistrado analiza la contradicción entre los ingresos de Toviggino como directivo de una asociación civil y el nivel de gastos personales y patrimoniales detectados.

La investigación también incluye los nexos con Soma SRL, empresa de la que el tesorero fue accionista, y el uso de aeronaves de Baires Fly SA, firma investigada por la presunta emisión de facturas adulteradas.

En paralelo, el expediente reveló que vuelos privados, gastos personales, peajes y seguros de una flota de autos de lujo habrían sido abonados con tarjetas corporativas de la AFA. Parte de esos consumos aparece vinculada a la misma propiedad de Pilar.

La Justicia identificó además a un presunto testaferro, Luciano Pantano, cuya participación previa en el ascenso del fútbol generó sospechas en el expediente. Aguinsky ordenó dar de baja una tarjeta American Express corporativa a su nombre, que registraba consumos mensuales por unos 50 millones de pesos. La medida derivó, entre otras consecuencias, en el corte del servicio de televisión satelital en la residencia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en Cardales.

En el entramado también figuran los santiagueños Fabián Saracco y Alejandro Molina, junto con Juan Pablo Beacon, Francisco Capurro y Mauro Paz. Según los investigadores, no presentan vínculos comerciales visibles entre sí, más allá de su relación con los negocios del fútbol y con el tesorero de la AFA.

La estructura de recaudación habría operado a través de Faroni, a quien se señala como gestor de la denominada “marca Messi”. Mediante la offshore TourProdEnter, se habrían canalizado fondos por montos de entre 300 y 400 millones de dólares que no figuran en los balances de la entidad.

El esquema incluiría el respaldo de la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, utilizada para el descuento de cheques y préstamos a dirigentes. Ante el avance de las causas impulsadas por la fiscal Cecilia Incardona, la AFA evalúa trasladar su domicilio legal a Pilar, una maniobra que la Justicia observa como un intento de eludir el control de la Inspección General de Justicia (IGJ) y quedar bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires.