Por Ramiro Melucci

Hay semanas en que la agenda pública de Mar del Plata no se mueve. En que a las novedades hay que buscarlas con esmero para encontrarlas. Y otras, como la pasada, en las que surgen con una vorágine tal que no permiten asimilar la última cuando ya estalla la siguiente.

La versión de que el Gobierno podría eliminar la Zona Fría –que trascendió en un medio sectorial– ya era un asunto que podía encender la mecha electoral. Apenas se había insinuado cuando todas las miradas se dirigieron a Miramar para tratar de desentrañar por qué misterios de la climatología nevó allá y acá no.

Cuando las esperanzas se evaporaban, el corazón de Gustavo Cabello dejó de latir en un garaje de 14 de Julio y Rivadavia, el que un vecino le prestaba para dormir. Su muerte causó fuertes cruces políticos y enmarcó una decisión judicial: el juez Juan Tapia ordenó omitir todo despliegue de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle “que implique violencia física o verbal”.

Entre la muerte de Cabello, las acusaciones de la oposición y el duro posicionamiento del intendente Guillermo Montenegro (“era un delincuente”), el gobierno municipal envió al Concejo Deliberante el pedido para que lo autoricen a adjudicar la licitación del estadio José María Minella al único oferente que se presentó: Minella Stadium SA.

Todo parecía haber ocurrido ya cuando, en el día más frío del año, después de una mañana de casi 10 grados bajo cero de sensación térmica, los calefactores de amplias zonas de Mar del Plata dejaron de calentar por falta de gas. El Comité de Crisis, las restricciones del fluido a la industria, el cierre de restaurantes, la suspensión de clases y la restitución del servicio casa por casa terminaron de adueñarse de la agenda de una semana atípica, que quedará marcada en la historia.

A días del cierre de alianzas y listas para las elecciones legislativas del 7 de septiembre, cada mojón tuvo su consecuente repercusión. Y el que todavía no lo tuvo no se hará esperar, como la discusión por la adjudicación de la licitación del Minella, el Polideportivo y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes.

Se trata desde ahora del principal objetivo del bloque oficialista en el Concejo Deliberante. Montenegro no dejó pasar ni una semana desde la presentación de la oferta económica para declararla de “evidente conveniencia” y gambetear la opción del segundo llamado.

Que es prioridad no hace falta que nadie lo diga: ya está en el orden del día de la Comisión de Obras del martes, el primer escalón rumbo al recinto. Los siguientes serán los de Legislación y Hacienda, y en el oficialismo creen que antes de que finalice el mes estará aprobada.

Para entonces ya van a estar definidas las alianzas y las listas. En el PRO confían en que todos los concejales del interbloque acompañarán la iniciativa (“no parece haber margen para otra cosa”, dicen), más allá de lo que termine ocurriendo en términos electorales con su principal socio legislativo, la UCR.

El garaje en el que murió el cuidacoches Gustavo Cabello.

La muerte del cuidacoches mostró lo áspera que puede ser la campaña. La oposición no tardó en cargársela en la cuenta del gobierno municipal, siempre ávido de mostrar su forma de actuar contra los “trapitos”. La respuesta del intendente, que no reconoce grises entre las situaciones de calle y la delincuencia, estuvo en la misma frecuencia.

En el plano judicial, el que pierde provisoriamente es Montenegro. El juez que lo escuchó a él, a sus funcionarios y a los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria terminó escribiendo en una resolución que la Patrulla Municipal ha hecho operativos violentos. Lo expresó de varios modos. Uno fue este: “Se ha verificado en el marco de esta acción la realización de una serie de conductas que implicaron el ejercicio de violencia física y psicológica por parte de agentes municipales respecto de personas en situación de calle, lo que denota una conducta arbitraria e ilegal que habilita la presente acción”.

El magistrado también marcó contradicciones entre la premisa de “acompañar a las personas que se encuentran en situación de calle en el proceso de integración social” que declaró la Secretaría de Desarrollo Social y la forma en que procede la Patrulla Municipal, dependiente del área de Seguridad.

El juez que lo escuchó a Montenegro, a sus funcionarios y a los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria terminó escribiendo en una resolución que la Patrulla Municipal ha hecho operativos violentos. 

Otro frente que vuelve a asomar es el de la Zona Fría. El Gobierno nacional ya viene reduciendo el impacto de la ampliación aprobada en 2021, de la que se benefició Mar del Plata y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Lo presenta como “un proceso de corrección de distorsiones e injusticias”. Hasta fines de mayo, los usuarios dentro del régimen de Zona Fría Ampliada que cobraban menos de cuatro salarios mínimos y contaban con más de un medidor o suministro a su nombre podían acceder al beneficio del 50% de descuento en todos ellos. Ahora acceden al subsidio del 50% en uno solo de sus suministros. En los demás, se aplica la bonificación general del 30% prevista por ley.

La corrección podría pasar a una eliminación lisa y llana si, como trascendió, el Gobierno retrotrae la ampliación del régimen de Zona Fría. La información de que el ministro de Economía, Luis Caputo, insistiría con lo que no logró durante la primera Ley Ómnibus se filtró en el momento menos oportuno: en los días más fríos del año, cuando la demanda de gas llegaba a su pico.

A pesar de que la ley fue impulsada, entre otros, por Máximo Kirchner, en su momento el intendente la aplaudió. No es perfecta, porque pone a los usuarios del norte del país (entre ellos a los pobres) a subsidiar a otros de esta parte del mapa que podrían pagar sin inconvenientes la boleta completa, pero es lo que varias organizaciones sociales y políticas lograron después de largos años de lucha, y no se resignarán a perderla tan fácilmente.

La semana tuvo su punto de inflexión el miércoles a la tarde. En el difuso instante en que las llamas de calefactores, cocinas, termotanques y calefones se empezaron a apagar sin razón aparente cuando más se necesitaban. Mar del Plata transitaba el día más frío del año. Y era, en lo que a gas domiciliario refiere, la única afectada.

Esa misma tarde, el Gobierno había dispuesto que las transportistas y distribuidoras tomaran las medidas necesarias “para garantizar el suministro de gas natural a hogares ante la ola de frío histórica”. En un comunicado, el Ministerio de Economía mencionó que había sido convocado el Comité de Crisis, integrado por las licenciatarias de transporte y distribución de gas, el Enargas y la Secretaría de Energía, con la participación de Cammesa y Enarsa, y que allí se decidieron “las acciones necesarias previstas en la normativa vigente con el objetivo de resguardar el suministro a la demanda prioritaria”. Es decir, “residencias, hospitales y establecimientos educativos”. No salió como se esperaba.

Un operario de Camuzzi restablece el gas en una vivienda.

Lejos de ver los fantasmas discriminadores que cazaba en el aire cuando el que estaba en la Casa Rosada se llamaba Alberto Fernández, esta vez el intendente, casi un integrante más de las fuerzas del cielo, evitó insinuar alguna responsabilidad política de la actual gestión. 

En medio de la crisis obró con rapidez y, al decir de Rodrigo Espinosa, el vocero de la distribuidora Camuzzi, con acierto. Convocó al Comité de Crisis local, cortó el suministro a la industria, los centros comerciales, los cafés y los restaurantes, y suspendió las clases. Medidas que ayudaron a estabilizar el sistema con mayor celeridad. 

Restarán determinar las causas con mayor precisión. La empresa distribuidora aseguró que “el sistema que abastece particularmente a Mar del Plata” no recibió, “por parte de terceros, los volúmenes de fluido y presiones necesarias para garantizar la normal prestación del servicio”. Léase: el problema vino de más arriba.

Con cierta osadía, parte del peronismo lamentó la interrupción de la planta compresora de Las Armas –que forma parte del Gasoducto de la Costa– como si no hubiera sido también un asunto pendiente del gobierno nacional anterior, de su mismo signo político. En ese plano, el actual se inculpa solo desde su orgullosa política de eliminación de obra pública, que sacrifica infraestructuras fundamentales en el altar del déficit cero.

“La realidad es que fue un problema de presión, no de infraestructura”, zanjan en el municipio. Así y todo algo falló, no se previó o se calculó mal. Y fueron los marplatenses, ahora sí, los únicos discriminados por el sistema.