Hace unos días, quien fuera el Secretario Legal y Técnico durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, y también ex candidato a vice presidente de la Nación, el Dr. Carlos Zannini, lanzaba mediante una carta pública una pregunta inquisidora a la sociedad, algo que interpela a nuestro actual sistema democrático. Nos pregunta si estamos en condiciones de explicarle los motivos de su detención.

Nos involucramos en la contestación ya que estamos convencidos que la pregunta de Zannini, con su simpleza, toca una de las fibras más profundas de nuestro sistema democrático. Como bien nos ha recordado en estos días Raul Zaffaroni, el delito de Traición a la Patria por el que se detuviera a Zannini, entre otras personas, y con el cual se pidiera el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha sido utilizado por excelencia desde el antiguo Imperio Romano a la fecha para perseguir, encarcelar y eliminar a opositores políticos. Delito de tal trascendencia política que nuestros constituyentes no quisieron dejarlo librado al legislador y lo delimitaron en la propia Constitución (art. 119 CN).

Crearon un delito constitucional, prohibieron en la Carta Magna la pena de muerte solo por causas políticas, tenían miedo en definitiva que figuras de tal gravedad se manipulen al vaivén de los vientos políticos de turno.

Hoy, en la República Argentina podemos ver como en cualquier programa de televisión se le pregunta a un artista o referente de la cultura si es kirchnerista, como la misma tonada que hace 80 años se le interrogaba a alguien sobre si era judío o de la misma forma que durante el Macartismo en Estados Unidos se inquiría sobre la pertenencia o no, al comunismo.

El contexto político actual nos coloca frente a una versión aggiornada a las ideas de Lombroso pero ya no ancladas en los rasgos físicos o el aspectismo sino en la pertenencia política. Ya no resulta necesario probar que cometió determinado delito sino tener la certeza que por su ideología necesariamente debió haber ocurrido.

El camino de la construcción de una otredad negativa ya fue recorrido antes por otros y siempre en contextos de opresión y violación de derechos elementales. Los judíos son tal cosa, los negros esto otro y los kirchneristas ni hablar. Difícilmente un sistema político violente derechos a un sector social, convalidando ello socialmente y no tenga una fuerte impronta regresiva en el sistema constitucional todo.

En el marco de lo expuesto, el debilitado estado de derecho al que nos sometemos en la actualidad, procura la condena a individuos por su pertenencia política sobre delitos que ni siquiera pudieron llegar a ser cometidos.

El caso que nos convoca es un fiel reflejo de ello. En el primer procesamiento de imputación por el delito de traición a la patria, que luego fuera descartado por la Cámara Nacional de Apelaciones por la sencilla razón que requería de dos estados en guerra para su concreción, no pudo tener comienzo de ejecución ya que ni siquiera se produjo el levantamiento de las alertas rojas de Interpool para mensurar el supuesto beneficio al “enemigo”. Así y todo, el Juez Bonadío se consideró legitimado para avanzar en la imputación de la idea, del pensamiento, del propósito del delito, por más que el mismo no tuviera comienzo de ejecución. Se pretende juzgar un delito que supuestamente se ideó pero que no ocurrió. Nos queda agregar que a esta posibilidad ya la pensó hace más de medio siglo George Orwell con su novela “1984” con la existencia de la policía del pensamiento aunque sin animarse a situar dichos hechos en la Argentina de hoy.

EL VALOR DE LA LIBERTAD

Nos encontramos en la actualidad ante un menguado y menospreciado valor de la libertad individual. Muy contrariamente, los fundadores de la patria le otorgaban un valor primordial no solo en el grito del Himno Nacional convocando a la libertad sino también en el preámbulo de nuestra Carta Fundacional al resaltar dicho valor dentro de los seis objetivos primordiales de la Constituyente de 1853 como es “asegurar los beneficios de la libertad”.

Contrariamente a esos objetivos fundamentales, antes de ahora, algunos actuales miembros del gobierno nacional llegaron a proponer sustituir parte del himno por el grito de “seguridad, seguridad, seguridad”. /www.urgente24.com/1747-duelo-en-twitter-hector-timerman-vs-sergio-bergman

El maestro German Bidart Campos nos decía con simpleza: “Tan importante resulta la postura que el Estado adopta acerca de la libertad, que la democracia, o forma de estado democrática, consiste, fundamentalmente, en el reconocimiento de esa libertad”. (I-251)

Sin protección a la libertad individual no hay constitución, no hay democracia y no hay república posible. Nos hace retroceder en los avances de más de 30 años de democracia enarbolar alguna de esas banderas mencionadas y renglón seguido festejar la detención arbitraria fundada más en el odio o el revanchismo ante quien por pertenecer a determinado grupo político consideramos que le corresponde, olvidándonos de los elementos objetivos de la procedencia de la acción penal.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Ese valor constitutivo de nuestro país, es y no otro, en el que se funda la presunción de inocencia constitucional. El estado de sospecha por el color de piel, por su religión o por su orientación política claramente está en la antítesis. El sostenimiento del mismo y la rigidez en su aplicación debería ser un asunto que preocupe a hijos y entenados, ya que hace a la solidez de un Sistema Democrático de Derecho.

Es este mismo principio, que convierte de excepcional aplicación al instituto de la Prisión Preventiva. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.

Sin duda las consecuencias de trastocar las bases de la República y la división de poderes afectará más allá de nuestro circunstancial horizonte. Nos preguntamos, en base a los vaivenes electorales, cuánto demorará un Poder Judicial afín a dictar prisiones preventivas a opositores políticos en reconfigurar quiénes son los oficialistas y quiénes los opositores.

La pregunta de Carlos Zannini tiene una respuesta que nos compete a todos.

*Dirigente Unidad Ciudadana -Magister en DD.HH y docente UNMDP