La contundente movilización universitaria que se hizo sentir en todo el país, con Mar del Plata como uno de los escenarios de la protesta, vuelve a colocar al Gobierno nacional frente a un conflicto que, lejos de apagarse, suma nuevos argumentos. Y no solamente por la masividad de la convocatoria, sino también por un informe económico que pone en discusión uno de los principales fundamentos utilizados por la administración de Javier Milei para resistir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El trabajo, elaborado por Zentrix Consultora, sostiene que cumplir íntegramente con la norma durante 2027 sería posible sin alterar el equilibrio fiscal previsto por el propio Gobierno. Según sus cálculos, la aplicación de la ley demandaría entre 2,45 y 3,65 billones de pesos, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla 5,93 billones dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro sin asignación específica.

La diferencia no es menor. Incluso tomando el escenario más costoso, alcanzaría con destinar aproximadamente el 62% de esos recursos para financiar la ley. Y como ese dinero ya está incorporado al gasto total proyectado, su reasignación no modificaría el resultado fiscal. Lo que se reduciría, en todo caso, sería la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para decidir dónde colocar esos fondos. El dato adquiere especial relevancia en el contexto de una movilización que vuelve a demostrar la capacidad de convocatoria de la comunidad universitaria. En Mar del Plata, donde la Universidad Nacional tiene un peso significativo en la vida académica, científica, económica y social de la ciudad, el reclamo trasciende las aulas y se proyecta sobre buena parte de la comunidad. El trasfondo también ayuda a comprender el malestar. De acuerdo con los datos citados por Zentrix, los salarios universitarios todavía se encuentran un 22% por debajo de los niveles de noviembre de 2023 en términos reales. A eso se suma la renuncia de alrededor de 10.000 docentes en el sistema universitario nacional durante ese período, según cifras atribuidas al Consejo Interuniversitario Nacional.

La cuestión tiene, además, una derivación judicial. La ley fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial, pero el Ejecutivo suspendió su aplicación argumentando que no estaban identificadas las fuentes de financiamiento. La Justicia ordenó cumplirla y el Gobierno apeló la sentencia de fondo del pasado 6 de octubre. No obstante, el informe admite una discusión: que existan partidas sin asignación específica no significa necesariamente que estén completamente disponibles. Pero introduce un elemento que modifica los términos del debate. Así, mientras las calles vuelven a expresar el respaldo a la universidad pública, el Congreso se prepara para discutir un presupuesto que podría ofrecer una salida al conflicto. La combinación de una marcha exitosa, el desgaste salarial y un estudio que identifica recursos dentro del propio presupuesto oficial deja al Gobierno frente a una discusión cada vez más difícil de reducir a una simple cuestión de equilibrio fiscal.

Paralelamente, se conoció un estudio que alarma. Apenas 19 de cada 100 adolescentes argentinos llegan a los 15 años escolarizados, cursando el año que les corresponde y con los conocimientos mínimos de Lectura y Matemática. El dato, revelado por un nuevo informe de Argentinos por la Educación, debería generar preocupación. Porque detrás de esa cifra hay algo más preocupante que una estadística: las dificultades de nuestro sistema educativo para garantizar aprendizajes fundamentales. Y hay una paradoja que agrava el diagnóstico. Argentina tiene una de las tasas de escolarización adolescente más altas de América Latina, con el 97%, pero eso no se traduce en buenos resultados educativos. Los chicos están dentro de las aulas. El problema es qué están aprendiendo, en un retroceso que lleva años. El panorama es todavía más inquietante cuando se observa la evolución. En 2009, eran 26 de cada 100 los adolescentes que llegaban a los 15 años en tiempo y forma. En 2025, la proporción cayó al 19%. Argentina pasó del tercer al séptimo puesto entre nueve países latinoamericanos analizados.

Uruguay encabeza la clasificación con 35 de cada 100, seguido por Chile con 34, Brasil con 25 y Perú con 23. También México y Colombia, ambos con 20, superan a nuestro país. No se trata de un traspié circunstancial ni de un problema atribuible exclusivamente a un gobierno. Es un deterioro persistente que atraviesa distintas administraciones y que pone en discusión la continuidad y los resultados de las políticas educativas. La riqueza tampoco alcanza como explicación. Otro dato del informe merece especial atención. Argentina tiene el tercer PBI per cápita más alto entre los países estudiados, pero registra peores resultados educativos que Brasil y Perú, que cuentan con menores ingresos por habitante. Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo, advierte que los factores externos ya no alcanzan para explicar el bajo desempeño y apunta a la ausencia o los desaciertos de las políticas educativas. Hay además otro indicador preocupante: el 21% de los estudiantes argentinos de 15 años cursa un año inferior al que le correspondería por su edad. Una combinación de dificultades de aprendizaje y trayectorias escolares demoradas que condiciona las oportunidades futuras de miles de jóvenes.

Así, mientras la dirigencia política dedica buena parte de sus energías a las disputas electorales, las internas partidarias y los posicionamientos para 2027, los resultados de la educación rara vez consiguen instalarse con la misma intensidad en el debate público. Se habla de financiamiento, infraestructura, salarios docentes y conflictos gremiales, todos asuntos relevantes. Pero mucho menos de cuánto aprenden efectivamente los estudiantes, cómo recuperar conocimientos perdidos y qué políticas deberían sostenerse durante años, independientemente de quién gobierne. Ciertamente, los problemas educativos no se resuelven con una declaración de ocasión ni con una reforma anunciada para ocupar titulares. ¿Y en Mar del Plata? La discusión también debería llegar a la agenda local. El informe no ofrece resultados específicos para General Pueyrredon, por lo que sería incorrecto trasladar automáticamente esos porcentajes a las escuelas de la ciudad. Pero eso no impide formular preguntas indispensables. ¿Qué nivel de aprendizaje alcanzan los adolescentes marplatenses? ¿Cuántos completan sus estudios en los tiempos previstos? ¿Qué dificultades encuentran los establecimientos públicos y privados? ¿Existe un diagnóstico compartido entre las autoridades educativas, las universidades, los docentes y las familias? Mar del Plata, que reivindica su perfil universitario y su potencial como ciudad del conocimiento, debería colocar estas cuestiones entre sus prioridades. Porque hay un costo de la crisis educativa que no aparece inmediatamente en las estadísticas económicas ni en las encuestas electorales. Pero que termina pagándose durante décadas.