La Justicia federal ordenó allanamientos tras una auditoría que detectó diferencias entre ingresos y egresos del sindicato. Analizan transferencias a cuentas de terceros sin vínculo con la entidad.
Una red de presuntos desvíos de fondos en el seno de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) puso en el centro de la escena judicial a una militante de La Cámpora, tras detectarse movimientos de dinero que no coinciden con los registros contables del sindicato.
La Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos y medidas de prueba para determinar el destino final de las partidas presupuestarias que, según la denuncia inicial, terminaron en cuentas ajenas a la actividad gremial. El expediente, que avanza bajo estricto secreto de sumario, analiza la responsabilidad de la dirigente en la administración de recursos destinados a la asistencia social y la infraestructura sindical.
La investigación se disparó a partir de una auditoría interna que reveló “inconsistencias insalvables entre los ingresos por aportes y los egresos declarados”, lo que derivó en una presentación formal ante los tribunales de Comodoro Py.
Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la implicada tenía acceso directo a las firmas autorizadas para el movimiento de partidas, lo cual habría facilitado la maniobra de extracción de activos. Según consta en el escrito judicial, se identificaron “transferencias bancarias directas hacia cuentas de terceros que no poseen vínculo contractual con la institución metalúrgica”.
En el marco de las pericias, los investigadores detectaron que una parte del dinero habría sido utilizada para el financiamiento de actividades políticas territoriales ajenas a la vida institucional de la UOM.
Uno de los testigos clave de la causa declaró ante el fiscal que “la discrecionalidad en el manejo de las cajas era total y respondía a órdenes directas que no pasaban por la comisión directiva”. Esta declaración comprometió seriamente la situación procesal de la militante camporista, quien cumplía funciones estratégicas en el área de finanzas del gremio liderado por Abel Furlán.
Un dirigente del sindicato precisó a la NA que en allanamiento “vinieron a buscar la info que voluntariamente presentamos” y remarcó que pese a ese procedimiento, Furlán “continuó con su agenda tal cual estaba prevista”.
“Estamos tranquilos. Buscaron los tres documentos que presentó Abel espontáneamente en digital y los pidieron en original y se los entregamos. A pesar de que antes no los requirieron, hoy los fueron a buscar”, detalló.
En el sindicato señalaron que “las condiciones del contrato son más benignas” porque “cuando antes Donington era dueño del fideicomiso, ahora la UOM lo recupera y USEM solo administra la transferencia a las seccionales y los pagos a proveedores que UOM le indica mediante órdenes de pago”.
“El contrato con Donington duró 23 años, ahora se redujo a menos de la mitad, es decir 10″, indicaron las fuentes y ratificaron que Furlán “se puso a disposición de la Justicia y a la espera de lo que el juez resuelva”.
Por el momento, la defensa de la acusada niega las irregularidades y sostiene que se trata de una persecución política interna, aunque los documentos secuestrados en los operativos de la última semana parecen indicar lo contrario.
Los libros contables y las terminales electrónicas incautadas muestran un patrón de gastos que los peritos calificaron como “un esquema de drenaje sistemático de fondos para fines personales y partidarios”.
La Justicia aguarda ahora el resultado de los cruces de llamadas para determinar si existieron cómplices dentro de la cúpula sindical que permitieron o facilitaron el desvío de los activos bajo investigación.