Tres hombres y una mujer fueron condenados por usurpar una casa de Chapadmalal a la que desmantelaron antes de ser desalojados: se llevaron camas, puertas, las canillas y destrozaron el lugar.

En un juicio desarrollado en el Juzgado Correccional N° 2, tres hombres y una mujer fueron condenados por el delito de “usurpación de propiedad” a 6 meses, tres de ellos con una pena de ejecución condicional mientras que el restante, identificado como Enrique Germán Rosales Hofkamp, de efectivo cumplimiento por haber tenido una condena previa del 2017 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Quilmes por un caso de “robo simple”.

En el juicio, en representación del Ministerio Público Fiscal estuvo el fiscal Luis Ferreyra, quien había solicitado penas de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso y de 2 años de cumplimiento efectivo.

Por su parte, desde la Defensa Oficial habían planteado la absolución de todos los imputados, amparados en un “estado de necesidad justificante”.

Los hechos que se juzgaron ocurrieron en agosto de 2022, cuando una casa ubicada en calle 30 entre calles 851 y 849 del Barrio San Eduardo de Chapadmalal fue usurpada tres hombres y una mujer, que ingresaron violentamente al lugar con unos niños, entre ellos uno con discapacidad.

La vivienda era de una mujer oriunda de Capital Federal, que había adquirido el inmueble junto a su esposo en la década del ochenta y desde entonces era la legítima dueña. Fallecido el hombre, la mujer había puesto en venta el inmueble desde 2019, y tenía contratado un jardinero que iba todos los meses.

Según quedó demostrado en el juicio, los imputados alquilaban una vivienda en el barrio San Eduardo, a unas 7 cuadras de la casa usurpado. En 2022 tuvieron que irse de ese lugar por no poder costear el alquiler. En ese contexto se enteraron que la casa de calle 30 entre calles 851 y 849 estaría abandonado, ya que sus dueños habrían fallecido.

Según explicaron los imputados, motivados por la necesidad decidieron meterse en la vivienda, aunque aseguraron que estaba abierta y que no forzaron ninguna entrada, algo que quedó demostrado que fue falso porque tuvieron que violentar puertas y rejas para ingresar.

“Si bien los imputados expresaron que les habían dicho que los dueños de la propiedad habían fallecido. Lógico resulta pensar que podía haber herederos u otros dueños, máxime cuando al llegar encuentran las puertas cerradas con llaves. De esta forma el modo comisivo de la clandestinidad , esto es el ingreso de los ocupantes en ausencia de la propietaria y poseedora está acreditado”, consideró el juez.

Luego de que se denunciara la usurpación del inmueble, el hijo de la dueña del lugar se acercó a la casa y les advirtió que los ocupantes que el lugar “tiene dueño”. “Es que nosotros no tenemos donde estar”, le respondieron desde el interior de la vivienda los imputados, quienes ofrecieron pagar un alquiler, algo que la víctima interpretó como una estrategia para dilatar la expulsión.

En octubre de ese 2022 la Justicia ordenó el lanzamiento, es decir la expulsión de los ocupantes. Las víctimas vieron que lo que antes era su casa de veraneo ahora solo eran unas paredes, ventanas y vidrios. El resto había sido robado o destruido. El lugar, en sus palabras, había quedado “inhabitable”.

Los ocupantes de manera ilegal de la casa se robaron la mesada de cocina, alacena, bajo mesada, grifería de cocina, juego completo de sanitarios -inodoro, bidet, lavatorio y grifería-, motor de bombeador de agua, cama de una plaza, cama de dos plazas, mesa y sillas de madera, placard de madera y medidor de luz. Además, destrozaron todos los ambientes del inmueble, rompieron la cocina de gas, el bombeador de agua y modular de madera.

Para el juez, los ocupantes de la vivienda actuaron “con maldad”.

El defensor oficial explicó la delicada situación en la que vivían lo imputados, a quienes les habían aumentado el alquiler, “no tenían donde ir, los chicos iban al colegio y uno de ellos tenía problemas motrices”. En el informe socioambiental agregado a la causa, quedó constancia que dependían de trabajos informales (changas) que hacían, además de la Asignación Universal por Hijo que percibían.

Estos argumentos, no fueron considerados para la sentencia, ya que no configurarían un estado de necesidad justificante, al entender que los imputados agotaron todos los recursos posibles, como acudir al Estado, a Iglesias o comedores barriales.