Un hombre que había usurpado una vivienda en el barrio Aeroparque fue desalojado por la policía luego de que una veloz investigación judicial confirmara que se trataba de una ocupación ilegal.

El caso comenzó el último 5 de enero, cuando el acusado se introdujo por la fuerza en una casa de Luzuriaga al 1500. Los vecinos de la propiedad observaron cómo el sospechoso rompió el candado de una cadena que cerraba el alambrado delantero y después, a través de la utilización de una amoladora, destruyó el postigo de una ventana para consumar el ingreso.

Como los habitantes de la zona conocían a la familia del dueño desde hace 30 años, según declararon luego ante los investigadores, se presentaron ante el hombre y le preguntaron qué era lo que hacía. Entonces, éste contestó que había comprado el inmueble.

De inmediato, uno de los vecinos indagó acerca de la rotura del candado y del postigo, accionar que no se condecía -pensó- con la adquisición legal de una casa. “Que se arregle la Justicia”, contestó entonces.

Al tomar conocimiento de lo que sucedía, el verdadero dueño de la vivienda realizó rápidamente la denuncia y policías se presentaron en el lugar, pero el acusado les negó el acceso a la finca.

Por ello, se inició una causa penal en la Fiscalía Nº 12, a cargo de Luis Ferreira. La víctima acreditó así el derecho de posesión del inmueble con documentación: presentó la copia de la escritura original, la declaración jurada del domicilio, copia de facturas de Obras Sanitarias y la Agencia de Recaudación Municipal, y copia de la resolución del expediente sucesorio de sus abuelos, anteriores propietarios de la casa.

Entonces, Ferreira pidió el permiso de desalojo a la Justicia de Garantías, que el 17 de enero lo autorizó, aunque dio traslado a la defensa oficial para que tuviera la posibilidad de apelar. Según la información que obtuvo LA CAPITAL tras consultar fuentes judiciales, ese paso ocurrió pero la Cámara falló luego en favor de la víctima, debido a que el intruso aportó al expediente un certificado catastral que llevaba el nombre del denunciante.

Si bien la fiscalía no descartó que el denunciado haya sido víctima de una estafa, hizo prevalecer la presunción del dolo y la orden desalojo quedó firme, por lo que este miércoles personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) la efectivizó.

“Teniendo en cuenta que el ocupante se está instalando en el inmueble, a sabiendas -conforme a los elementos valoradas en el punto precedente- de que el mismo no le pertenece y continuando sus acciones a pesar de los reclamos de la víctima, resulta necesario hacer cesar los efectos del delito, se requiere la habilitación de la feria judicial (días y horas inhábiles) a efectos de efectivizar la medida cautelar aquí solicitada”, había considerado Ferreira en su pedido a la Justicia de Garantías, conforme el documento al que pudo acceder este medio.