El gobierno bonaerense presentará esta semana dos proyectos de ley ante la Legislatura bonaerense con el objetivo de otorgar mayor respaldo judicial a quienes sufren hechos delictivos, según informaron fuentes del Poder Ejecutivo.

Una de las iniciativas propicia la modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires para “potenciar el rol de la víctima dentro del proceso penal, cumpliendo así con aquellos estándares y exigencias constitucionales e internacionales, brindándoles a las víctimas del delito diversas herramientas procedimentales que le permitan un rol con mayor protagonismo, coadyuvando con el Estado en el control del proceso”.

“El presente proyecto de ley profundiza los derechos y atribuciones de la víctima a lo largo del proceso penal. En particular, se habilita a la víctima a intervenir en la etapa de ejecución, encontrándose, en la redacción actual de la norma, expresamente excluida”, se expresa en el texto de la propuesta.

Asimismo, se da a la víctima la posibilidad de expresar su opinión respecto de las resoluciones de sobreseimiento, de aplicación del instituto de juicio abreviado y del cómputo de la pena. También se la incluye para que pueda participar de la discusión final del debate, asignándole el primer lugar en el orden de exposición.

“De este modo, se verá reforzada la participación de la víctima, quien podrá hacer oír su voz de forma inmediata ante el juez al evaluarse resoluciones fundamentales del proceso penal”, se manifiesta en el texto y se añade que “con relación a la suspensión del proceso a prueba, se otorga a la víctima la posibilidad de solicitar ser informada de las reglas de conducta aplicadas, y a supervisar su cumplimiento”.

Se sostiene que así “se logra fortalecer el uso de esta forma de conclusión del proceso, tanto desde el punto de vista del control de la efectiva observancia de las reglas a cumplir, como desde el interés de la víctima en que se resuelva de esta manera”.

El proyecto busca garantizar que las víctimas reciban un trato “digno y respetuoso”; que obtengan información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación; que se hagan “mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento” y que se salvaguarde su intimidad, que se proteja su seguridad y la de testigos; y que puedan reclamar por demora o ineficiencia en la investigación; entre otras.