Opinión.
Por Federico Cermelo (*)
Desde hace tiempo, asistimos a una escena cotidiana de violencia que parece no dar tregua: peleas a la salida de boliches, agresiones virales en escuelas, el odio anónimo de los “haters” en redes y una creciente preocupación por los llamados “lobos solitarios” que suelen reclutar grupos neonazis, terroristas y sectas para realizar atentados.
Ante este escenario, la respuesta rápida desde ciertos sectores suele ser puramente punitivista, centrando el debate en la baja de la edad de imputabilidad, como si el castigo fuera la solución mágica a un fenómeno que nace y se ramifica mucho antes de que intervenga la justicia.
Por el contrario, debemos entender que estas violencias no brotan por generación espontánea. Existe un nexo invisible pero feroz que atraviesa la calle, el boliche y el entorno digital: el bullying. Lo que livianamente se suele etiquetar como un “chiste” en el aula o un comentario en un grupo de WhatsApp, es en realidad la semilla de una exclusión diaria y permanente que daña la salud mental, rompe el tejido social y erosiona la formación de una ciudadanía democrática.
Lamentablemente, hoy en día, el bullying ya no tiene recreo. Con la digitalización de nuestras vidas, el acoso sigue al pibe hasta su propia habitación a través de las redes o los juegos en línea, transformándose en un cyberbullying que no descansa. Esta violencia sistemática es, en muchos casos, el caldo de cultivo para futuras conductas delictivas o de aislamiento extremo. Si no trabajamos en la prevención temprana, solo estaremos intentando apagar incendios (antes a los 16, ahora a los 14 con la flamante baja de la edad de imputabilidad), siempre cuando el daño ya es irreversible.
Para pasar del diagnóstico a la acción, es imperativo avanzar en una agenda legislativa y ejecutiva que no se limite a la reacción post conflicto. En este sentido, proponemos tres ejes fundamentales:
1. Actualización y cumplimiento de la Ley de Convivencia Escolar (Ley 26.892): Es necesario dotar a las instituciones de presupuestos específicos y equipos interdisciplinarios permanentes. La norma debe evolucionar para incluir protocolos claros ante el cyberbullying, entendiendo que la escuela ya no termina en el timbre de salida.
2. Plan Nacional de Alfabetización Digital y Ciudadanía: No basta con tener dispositivos; debemos enseñar a habitarlos. Proponemos contenidos obligatorios curriculares que formen a niños y adolescentes en la responsabilidad digital, el consentimiento y el impacto del discurso de odio en redes sociales. Como contrapartida, capacitación con puntaje a docentes sobre estos temas.
3. Observatorios de datos: El Estado debe monitorear el clima escolar y social en tiempo real para intervenir preventivamente. La creación de canales de denuncia anónima y acompañamiento psicológico gratuito, junto a un posterior análisis integral de esa información, es una deuda pendiente para evitar que el joven acosado termine optando por la violencia o la autolesión, así como el acosador, termine cronificando su proceder abusivo.
La escuela y las familias no pueden ser espectadores indiferentes. No podemos construir una sociedad sana sobre la base de una juventud que naturaliza el hostigamiento. Urge que el Estado y la comunidad asuman que la seguridad no se garantiza solo con más patrulleros, sino también con menos pibes excluidos y violentados. Solo atacando la raíz —el bullying y el acoso, entre otros— podremos frenar la espiral de violencia que hoy vemos estallar en nuestras calles y pantallas. Es hora de entender que prevenir el bullying es, fundamentalmente, prevenir la violencia social del futuro.
(*) Federico Cermelo es Abogado y docente. Se desempeñó como director del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación. Integra el consejo consultivo de Fundación Metropolitana y es docente de la Diplomatura Superior de Ciudadanía Digital de Fundación Lea y la UdeMM.