El litigio judicial por la nacionalización de YPF que se desarrolla en los tribunales de Estados Unidos tendrá este miércoles una audiencia clave cuando la Argentina, el fondo Burford y la petrolera se presenten ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para defender sus intereses.

El país intentará revertir el fallo condenatorio que emitió la jueza Loretta Preska que obliga al pago de US$ 16.000 millones a modo de resarcimiento por la forma en que el Estado argentino estatizó la compañía.

Por su parte, el fondo Burford procurará que se mantengan la sentencia, pero al mismo tiempo intentará que se revea la sentencia que eximió a YPF de la responsabilidad en la operación.

A su vez, la empresa defenderá esa decisión y procurará mantener su condición de inocencia.

Según se estima la sentencia de la Cámara de Apelaciones no será inmediata y podría conocerse durante el primer semestre del año próximo. En ese momento se abren diferentes escenarios.

En caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sentencia a la Argentina solo le quedará presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra opción es que reduzca el monto resarcitorio y la más improbable que rechace el fallo de Preska.

Cabe apuntar que en este caso se discutirá la validez de la sentencia y el monto, pero no así la forma en la que se debe pagar.

Preska determinó que una de las formas para cumplir con la sentencia es la entrega de acciones de la empresa. Pero esta decisión también fue apelada y corre por otro carril dentro de la justicia de los Estados Unidos. Por otra parte, los acreedores ya manifestaron su intención de negociar un acuerdo con la Argentina porque no está dentro de sus opciones tener acciones de la petrolera.

Entre las diferentes aristas que tiene el litigio que ya lleva más de una década recorriendo los tribunales de Estados Unidos aparece la intención de los beneficiarios de buscar activos argentinos en el mundo para activar embargos y poder cobrar su acreencia.

Durante las diferentes instancias, Preska llegó a ordenar medidas como la entrega de información sobre mails y comunicaciones telefónicas entre funcionarios argentinos con la intención de buscar vinculaciones con empresas estatales para luego evaluar la posibilidad de embargos.